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800 mayores necesitan plaza con urgencia en residencias públicas

Son solicitudes apremiantes pero en lista de espera hay un total de 3.400 personas

Una anciana pasea por las calles de Valencia.
Una anciana pasea por las calles de Valencia. MÒNICA TORRES

Algunos de ellos sufren enfermedades neurodegenerativas que se han agravado y necesitan cuidados específicos. Otros se encuentran en una situación personal que los incapacita físicamente para cuidar de sí mismos y no tienen familiares. Necesitan la atención que les ofrece la estancia en una residencia para mayores pero no hay sitio para ellos en la red pública y tampoco disponen de suficiente dinero para pagar una plaza en la privada.

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“Las direcciones territoriales tiene unos 800 expedientes con estas características sobre la mesa, de un total de 3.400 que tenemos en lista de espera” aseguran fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Durante este año de gobierno, la consejería ha ido priorizando los casos más urgentes con las plazas que iban quedando libres en la red pública pero una gran parte de estas personas siguen sin ninguna solución.

El Plan de Reordenación del Sector Residencial para personas mayores de la Comunidad Valenciana, presentado en octubre pasado, ofrece una solución para estos casos urgentes. La consejería asume el coste de parte de la plaza en la residencia privada. Se trata de dar una prestación de garantía vinculada al servicio. La medida entra en vigor el 1 de enero de 2017.

“El precio medio de una plaza de residencia es de 1.500 euros. Una parte se paga con la pensión que percibe la persona mayor, se les deja 210 euros para gastos personales y las dos pagas extra, el resto, hasta alcanzar el precio de la plaza, lo pone la administración” explican desde consejería. Esta iniciativa también va a beneficiar a las personas con rentas bajas y a aquellas que no tengan residencias públicas en una área de más de 20 kilómetros de su domicilio.

Un copago que trata de solucionar el desequilibrio entre oferta y demanda de infraestructura públicas para atender a todos los mayores. “Las plazas públicas en las residencias quedan libres por el fallecimiento del usuario, son limitadas. Se cubren por orden de lista. Si hay mucha demanda para una residencia y el dependiente solo quiere ir a ‘esa residencia’ en concreto, “se tiene que esperar” aclara la misma fuente.

A esta situación hay que añadir que la petición de reconocimiento de dependencia se ha duplicado. “Como ahora la gente confía en que sí se les va a atender hemos pasado de las 14.000 a 26.000 solicitudes”, agregan desde la administración pública. “Hablamos de los nuevos expedientes como las revisiones de los anteriores”.

La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas gestiona unas 10.500 plazas en residencias públicas y concertadas. El objetivo del Plan de Reordenación del Sector Residencial es garantizar que todas las personas mayores que soliciten una plaza en una residencia de la red pública – centros públicos o concertados- la consigan donde ellos quieran y lo más cerca de su domicilio. Esta reorganización supone eliminar las 2.158 plazas ilegales del ‘Modelo Cotino’ y poner a disposición de los usuarios 3.300 nuevas plazas de accesibilidad, que ya han salido a concurso público.

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