Colau adjudica a Vodafone y Telefónica las comunicaciones del Ayuntamiento

La comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona ha designado a Vodafone y Telefónica los nuevos contratos de telecomunicaciones del Consistorio pero les ha obligado a firmar unas claúsulas en las que se garantice “el cumplimiento de las condiciones laborales (estipuladas por los convenios) de sus trabajadores y de las empresas subcontratadas”.

Ada Colau ya había ganado las elecciones, pero todavía no había tomado posesión del cargo, cuando visitó, en mayo de 2015, a los trabajadores subcontratados por Movistar que se habían declarado en huelga para reclamar mejoras laborales. La futura alcaldesa se puso la camiseta azul y escuchó sus peticiones en la sede del Mobile World Centre de plaza Cataluña. Tras las negociaciones, Colau aseguró que a partir de 2017 las empresas que quisieran explotar el servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento deberían cumplir con los convenios laborales del sector. Esa ha sido la primera exigencia y las novedades es que el servicio de atención al ciudadano, el 010, pasará a ser gratuito. Otra de las novedades es que se dotará de servicio WIFI a la red de autobuses de la ciudad.

La adjudicación incluye prestaciones a los servicios de telefonía móvil, fija, datos y numeración especial por los que el Ayuntamiento se gastará 2.853.845 euros al año. Según el propio Consistorio, este gasto supone un ahorro de 29,5% respecto a los contratos vigentes.

La adjudicación se ha hecho por lotes y Vodafone España SAU se convierte así en el principal proveedor que gestionará la telefonía fija y móvil y los servicios de numeración especial además del servicio de datos. Telefónica se encargará de los servicios de internet centralizado y distribuido.

Vodafone, al ser la operadora de telefonía móvil, está obligada por contrato a suministrar en su catálogo terminales móviles de comercio justo, los llamados fairphones, Además, tendrán que poner en marcha programas vinculados a la formación de ancianos en el uso de los smatphones y programas para favorecer la accesibilidad al teatro a personas con discapacidades sensoriales.

Entre las clausulas, el Ayuntamiento impide a los contratistas que tengan actividades en paraísos fiscales y deben cumplir la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. El nuevo contrato entrará en vigor a principios de 2017, durara dos años y se puede prorrogar otros dos.