Junqueras entierra la ley de estabilidad presupuestaria de Mas

Junts pel Sí intenta atraer a la CUP con propuestas como no aprobar más líneas de P3 concertadas en escuelas infantiles

 La consejera de Agricultura, Meritxell Serret, y el vicepresidente Oriol Junqueras
La consejera de Agricultura, Meritxell Serret, y el vicepresidente Oriol JunquerasALBERT GARCÍA

El Gobierno de Junts pel Sí (JxS) ha decidido enterrar la ley de Estabilidad Presupuestaria, que en 2012 aprobó el primer gobierno de Artur Mas, para conseguir así el apoyo de la CUP a los Presupuestos de 2017. Junto a la derogación de la norma, contemplada en la ley de Medidas Fiscales y Financieras que el vicepresidente Oriol Junqueras llevará al Parlament el próximo día 29, también se incluirá la recuperación de la gestión pública de la empresa de aguas ATLL en caso de que el Tribunal Supremo (TS) ratifique la anulación de la privatización y la prohibición de nuevos conciertos educativos.

La llamada Ley de Acompañamiento, que tras su aprobación por el consejo técnico se remitió el lunes al Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), ilustra las difíciles negociaciones entre JxS y la CUP para poder tramitar las cuentas. Si bien el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) logró evitar una reforma del IRPF que penalizara a las rentas más altas y la creación de un impuesto sobre la riqueza, la CUP ha conseguido enmendar las líneas maestras de la política económica del expresidente Artur Mas y el exconsejero Andreu Mas-Colell. Estos abogaron por que la Generalitat se adelantara al Gobierno central en materia de estabilidad presupuestaria y por la colaboración público-privada, que se tradujo en concesiones como la de Tabasa o la de ATLL.

Los anticapitalistas también ha conseguido que el Ejecutivo catalán prohíba nuevos conciertos educativos, otro de los puntos que creaba malestar en la antigua CiU. Estas son algunas de las medidas que contendrá la nueva ley de Acompañamiento.

No al déficit cero. La Generalitat decidió adelantarse al Estado y fijar 2018 como fecha para limitar su déficit estructural al 0,14% del PIB, dos años antes que lo acordado por PP y PSOE para el conjunto de España. La ley, que en ningún momento aludía a la reforma constitucional, también fijaba que el pago de intereses y capital a la banca tiene “carácter prioritario” sobre cualquier otra partida de gasto y creaba un fondo de reserva al que debía ir el superávit fiscal que solo podía usarse para cancelar deuda o eludir nuevos préstamos.

La ley de Acompañamiento, en sus disposiciones adicionales, entierra la norma. La derogación, sin embargo, tiene más efectos simbólicos que reales. Cataluña sigue estando atada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que fija todas las prioridades de pago de la Generalitat para que esta no se aleje de los objetivos de déficit fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y obliga a la Administración catalana a presentar de forma periódica sus planes de ajuste.

Gestión de ATLL La reversión de la privatización de esa compañía, defendida por los gobiernos de Mas, ha sido otro de los puntos que ha levantado ampollas en la coalición de JxS. La ley que acompañará a los Presupuestos finalmente recoge que en caso de que el TS avale la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba el concurso con el que se privatizó la empresa, el Gobierno catalán tomará las medidas necesarias para recuperar la gestión directa. El anteproyecto no especifica cuáles, algo que decidirá el Parlament. Tampoco habrá una partida para hacer frente a una eventual indemnización, que podría rondar los 325 millones de euros, además de una eventual reclamación de daños y perjuicios por parte de Acciona, la empresa adjudicataria.

Escuelas concertadas. La política educativa respecto a los conciertos escolares ha sido otro de los frentes que ha tensado las negociaciones. Los anticapitalistas lograron que el borrador recoja que el año que viene no se cierre ninguna línea de P3 pública y se prohíba concertar nuevas.

Transparencia. Se permitirá que la Sindicatura de Cuentas pueda tener acceso a la fiscalización de todos los entes públicos, incluso los que tienen un presupuesto de menos de 150 millones de euros. Además, se crea la figura de la denuncia ciudadana a la sindicatura.

Pobreza energética. Todos los ingresos de la Agencia de Consumo por sanciones a compañías eléctricas deberán ir a atender a los pobres energéticos.

Mossos bachilleres.Se eleva el nivel de formación exigido para acceder al cuerpo de Mossos d'Esquadra. Deberán acreditar que han cursado el Bachillerato.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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