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La Plataforma Antidesahucios entra en las oficinas del fondo Goldman Sachs

Los manifestantes aseguran que no piensan abandonar la sede de la inversora que compró pisos públicos

Una de las personas que protestan contra la venta de pisos públicos habla con un policía.
Una de las personas que protestan contra la venta de pisos públicos habla con un policía. Kiko Huesca (Efe)

Unas cincuenta personas continúan la protesta en la sede de Goldman Sachs, dentro y fuera del edificio, en su mayoría inquilinos de pisos que el Ivima vendió al fondo de inversión y que ahora están amenazados de desahucio por impago o por no poder hacer frente a la subida de los alquileres.

Es el caso de Iván, padre de una familia con cuatro menores -dos hijos y dos sobrinos en acogida- que tiene el desahucio marcado para el 17 de noviembre. "Antes pagaba 90 euros de alquiler, con la subvención de la Comunidad. Pero cuando la casa fue vendida a Encasa Cibeles, desapareció la subvención, y nos pidieron 470 de alquiler", ha dicho a Efe.

"Dejamos de pagar porque solo cobramos la Renta Mínima de Inserción (RMI) y no teníamos para comer", según Iván que fue demandado por la empresa, participada por Goldman Sachs, y tiene que abandonar la casa la semana que viene.

"Ni el Ayuntamiento de Parla ni la Comunidad nos han dado solución. Cuando vengan a desalojarnos, lucharemos para no salir o bien ocuparemos otra vivienda del mismo edificio", donde hay varias que están cerradas "con chapas en la puerta". Los sobrinos, que son huérfanos de madre, tienen 15 y 14 años, y los hijos 11 y 9. "Ni yo ni mi mujer trabajamos, qué vamos a hacer", ha dicho.

La protesta, convocada por activistas de la PAH y la Asamblea 15M de Carabanchel, empezó hacia las 11.30 horas de hoy con unas cien personas, entre ellas madres con sus niños en los carritos.

Tras la llegada de la Policía Nacional, que no deja volver a entrar a los activistas que salgan a la calle, el número de personas ha bajado y unos veinte han quedado dentro, entre ellos los periodistas.

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Los agentes están requiriendo el DNI a los que aún permanecen en el vestíbulo a la espera de que un grupo de activistas, que lograron subir a las oficinas de Goldman Sachs, bajen a anunciar si han conseguido algún compromiso de la empresa de frenar los desahucios, un total de 25 fijados de aquí a fin de año, la mayoría en Parla.

Otro de los afectados es Rabii, casado con una española que está embarazada del tercer hijo, y a la que hace seis años le tocó un piso del Ivima de 56 metros y dos dormitorios con garaje, en alquiler con opción a compra por siete años.

Paga un alquiler de 350 euros, fijado por el Ivima según la renta familiar de entonces, más gastos de comunidad y garaje de 90 euros, ha dicho a Efe.

"Llevo dos años en paro, ya no cobro ningún subsidio y dejé de pagar el alquiler hace dos años. Desde el Ivima, me remitieron a Encasa Cibeles, los nuevos propietarios, y les pedí un alquiler social, de 100 o 200 euros, pero la empresa no lo acepta".

Le queda un año de contrato legal y, a través de un abogado de oficio, ha podido parar el desahucio por un año. "Ahora, el día 28 tendría que entregar la casa pero he conseguido tres meses más, mi mujer va a dar a luz".

Encasa Cibeles está ofreciendo dinero a los inquilinos para que se vayan, algunos están aceptando, pero "qué hacemos con 3.000 euros", se preguntan estos padres de familia.

El caso de Alí es diferente, ya que no era inquilino del Ivima sino que ocupó una casa hace tres años en un bloque del Ivima en Parla, donde reside desde hace 26 años y tiene nacionalindad española.

"Me echaron de un piso alquilado, no tenía para pagar y ocupé otro para tener un techo para mis hijos", uno de ellos menor, ha dicho.

Según Alí, "representantes de Encasa Cibeles han venido muchas veces al piso, también mediadores que nos ofrecen 3.000 euros para que nos vayamos. Nosotros no queremos dinero, queremos un alquiler social. Podríamos pagar luz y agua, pero no tenemos contrato, llevamos dos años sin agua", ha dicho.

Su hermano, que vive en el mismo bloque con cuatro menores en una habitación, también ocupó el piso cuando aún era del Ivima, pero logró un contrato de agua del Canal de Isabel II y le proporciona agua a su hermano Alí en botellas.

"Estamos luchando por un alquiler social, podríamos pagar unos 100 euros", han dicho mientras esperan que los activistas que han subido a negociar traigan alguna buena noticia por parte de la empresa.

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