El Parlamento andaluz aprueba recuperar la semana laboral de 35 horas

Con los votos a favor de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, el Parlamento andaluz ha aprobado el decreto ley que recupera para los funcionarios la semana laboral de 35 horas, tras la de 37,5 horas impuesta por el Gobierno central en 2012. La medida, que afecta a los 270.000 empleados públicos de la Junta, entrará en vigor a partir de mediados de enero. Los socialistas, Podemos e IU han apoyado el texto, mientras que el PP y Ciudadanos se han abstenido. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que se trata de una medida "justa, oportuna, adecuada y consensuada" con UGT, CC OO y CSIF, que no solo es "de justicia" para los empleados sino que tendrá un impacto positivo en la economía.

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La recuperación de las 35 horas semanales contará con margen "suficiente" para hacerlo de forma planificada, ha añadido Montero, quien espera que la iniciativa se convierta en "una hoja de ruta que se pueda instaurar en el resto del Estado". En Educación, la medida se implantará progresivamente a partir del curso 2017-2018, mientras que en Salud se irá aplicando en función de la negociación de los turnos diarios de trabajo. La medida aprobada ya intentó implantarse en Castilla-La Mancha, pero el Tribunal Constitucional falló en contra de la iniciativa tras un recurso presentado por el Gobierno central.

En este sentido, el portavoz del PP, Pablo Venzal, ha acusado a la Junta de incumplir la ley a sabiendas con la intención de "confrontar" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El popular ha defendido que la Constitución reserva de manera literal esa competencia al Estado y ha denunciado que "faltan a la división de poderes", ya que la sentencia del Constitucional "tiene efecto de cosa juzgada". "Usted sabe que Rajoy viene obligado por ley a interponer un recurso", ha agregado Venzal. En esta línea, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha destacado el "riesgo evidente" de que el Gobierno central recurra esta medida, algo que podría poner a 270.000 empleados públicos en el centro de la "confrontación", a la vez que ha pedido que se lleve a cabo la adaptación de esta modificación con diálogo y negociación.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Begoña Gutiérrez ha lamentado que la Junta "sigue llegando tarde y mal a solucionar los problemas de los empleados públicos" y ha criticado que "según les conviene hacen caso o no a lo que establezcan desde Madrid". La diputada de IU Elena Cortés ha admitido que este decreto es "un paso adelante" y ha recordado que todavía hay trabajadores públicos que hacen "enormes sacrificios", que encadenan "contrato precario uno tras otro" o que tienen que doblar sus turnos.

A pregunta de Ciudadanos, Díaz ha anunciado en el Parlamento que la ley de apoyo al emprendimiento, cuyo anteproyecto fue aprobado en marzo, llegará a la Cámara en la primera quincena de enero. "Será una ley pionera en España", ha asegurado la presidenta, quien ha puntualizado que el texto espera ahora los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo. Con el desarrollo de esta norma, Díaz ha precisado que se espera la creación de unas 60.000 empresas en los próximos cuatro años que van a generar 72.000 empleos. La ley contará con 160 millones de euros hasta 2020. "Estamos convencidos de que una parte importante del tejido económico lo apoyan emprendedores que están creando empleo poniendo en peligro su propio peculio familiar y es necesaria una ley que los proteja, acompañe y dé fortaleza al tejido empresarial, porque si no es así las familias no van a notar la recuperación económica", ha esgrimido la presidenta andaluza.

Sobre la normativa, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha criticado que no recoja incentivos fiscales para este colectivo, ni se promueva un emprendimiento de carácter universal, sino social o rural. "Queremos una ley que favorezca la participación de la sociedad civil, porque su texto no promueve el emprendimiento como tal, sino solo el social y en el medio rural", ha manifestado Marín. Sobre este último aspecto, Díaz ha explicado que se ha adoptado la fórmula "más fácil y cómoda" pero que eso no significa que renuncien a convertirse en sociedades mercantiles. "Si el Gobierno andaluz promueve solamente el emprendimiento social, está dando por hecho que existe un emprendimiento que no lo es y del que reniega", ha sostenido el líder de Ciudadanos, quien ha criticado que en el texto "no se hable de financiación cuando tiene que ser un elemento clave" ni de "incentivos fiscales para los que lo arriesgan todo por sacar adelante una idea en la que creen".