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Frente común para sentar a Adif en el banquillo por la dejadez en Rodalies

El consejero de Territorio, Josep Rull, anuncia en un acto en la Generalitat que el viernes presentará un contencioso contra Adif

Carles Puigdemont, Ada Colau y Josep Rull, entre representantes del municipalismo.
Carles Puigdemont, Ada Colau y Josep Rull, entre representantes del municipalismo. EFE

El Gobierno de la Generalitat y las entidades municipalistas han hecho este miércoles una demostración de fuerza y unidad, en un acto en el que han participado empresarios y unos 200 alcaldes para pedir al Ejecutivo Central el traspaso completo de los servicios ferroviarios en Cataluña. Por primera vez, además, la Generalitat abrirá la vía judicial contra Adif y el viernes presentará un contencioso ante la Audiencia Nacional por la falta de ejecuciones de las inversiones prometidas en Rodalies.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha conseguido su mayor éxito en lo que lleva de mandato al unir a una gran diversidad de actores públicos frente a lo que consideran un enemigo común: la falta de inversión ferroviaria por parte de Adif, a la que prometieron sentar en el banquillo. Más de 200 alcaldes de municipios afectados por la falta de renovación de la infraestructura han acudido al Salón de Sant Jordi de la Generalitat al evento que días antes el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, había definido como "un gran acto de país".

Rull ha asegurado que la Generalitat —que solo controla los horarios y las tarifas— tiene la capacidad para asumir las vías, las estaciones, los trenes y las catenarias de Adif. "Tenemos solvencia, como demuestran los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña", ha afirmado. Además de pedir el traspaso completo de Rodalies, Rull ha anunciado que el viernes reclamará ante la Audiencia Nacional a Adif las inversiones no ejecutadas en Rodalies.

Las cifras del agravio que denunciará Rull

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha anunciado que presentará un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra Adif por la falta de inversiones. Rull se basa en unos datos que considera "objetivos y flagrantes": el consejero ha sostenido que apenas se ha ejecutado un 4,2% de los 306 millones que la exministra de Fomento Ana Pastor aceptó invertir.

Además, Rull ha puesto de relieve datos sobre el mal funcionamiento: "En cuatro años se han producido 1.697 incidencias vinculadas a infraestructuras, que han afectado a 5,6 millones de personas". Respecto a la puntualidad de los trenes, ha explicado que el objetivo es del 97%, pero que en Barcelona solo se llega a un 88%.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estaba entre los asistentes, ha hecho la intervención más encendida: "Estamos hablando de un agravio humano". Colau ha argumentado que la falta de inversiones "ha dejado un territorio desgarrado" y con infraestructuras "insuficientes que siguen costando vidas humanas", en referencia tanto a los atropellos como al hecho de que el transporte público "todavía no es una alternativa decente al coche privado, y eso está afectando a la calidad del aire". La contaminación supone, según los datos del Ayuntamiento, la muerte prematura de 3.500 personas al año en el Área Metropolitana.

Tanto Puigdemont y Rull como Colau han destacado que el acto ha sido "uno de los más unitarios que ha habido en este país, sin fisuras partidistas". El president ha recordado el encuentro celebrado en IESE hace una década para pedir que el aeropuerto de El Prat se gestionara desde Cataluña. "Hace diez años había una presunción de bondad, una esperanza cierta de lealtad en la Administración central; ahora sabemos que no es así, porque no hay bondad en la otra parte", ha afirmado Puigdemont, y ha avisado de que "por cada incumplimiento habrá una respuesta".

El acto reivindicativo no ha congregado a tantos empresarios como en el de la exigencia del control del aeropuerto. No obstante, acompañando a las entidades municipalistas estaban los representantes del Puerto de Barcelona y de la Cámara de Comercio; los de los principales partidos políticos en el Parlament y en el Congreso (con excepción del Partido Popular y de Ciudadanos); de los sindicatos y entidades de la sociedad civil como Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana.