Desahucio en Pedralbes

La escena, la habitual. En el exterior y de día. La afectada, angustiada y hecha un manojo de nervios, activistas de la PAH en la puerta, vecinos curiosos, trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona… y la llegada del temido taxi con los representantes del juzgado para proceder al desahucio. Lo extraño este martes era el barrio: Pedralbes, uno de los más ricos de la ciudad.

Más información

La mujer desahuciada en Sants había solicitado un piso a Colau en junio

Colau culpa a la Generalitat y los Mossos de un desahucio

Si no ha sido el primer desahucio en el barrio, sí ha sido el primero que trasciende en esta zona: el caso de Victoria Bonet y su piso de casi 300 metros cuadrados en un edificio a cuatro vientos con piscina que diseñó su padre. Porque Bonet, de 60 años, es hija del conocido arquitecto Antoni Bonet Castellana, autor del edificio del Tribunal Constitucional que hay en Madrid, o, en Barcelona, del Canódromo y del edificio Urquinaona.

Completaban la escena seis abogados –representantes de la propiedad, de la comunidad de propietarios—y un administrador de fincas. Trajes y corbatas en una cifra que tampoco es habitual. El desahucio se ha suspendido por la presencia de los activistas. Una treintena, que han cortado el paso a la comitiva judicial al grito de “¡Sí se puede!”, que la Plataforma estrenaba en uno de los barrios más ricos de Barcelona.

El caso de Victoria Bonet, con todo, está lleno de lagunas que impiden contrastar algunos datos. Varias fuentes aseguran que pidió entre 400.000 euros y 1,5 millones de euros a un prestamista. No quiere hablar de su vida privada ni explicar cuándo, ni por cuánto ni por qué contrajo la deuda. Si admite que en algún momento firmó un papel en el que ponía su piso como aval. La casa había sido había sido el estudio de su padre y en el que, explica, hay un importante archivo de documentación, así como obras de cierto valor, como muebles o cuadros, entre ellos litografías del poeta Rafael Alberti.

“Tengo deudas. Las pagaré aunque ahora no puedo, pero solo pido que o no me acorralen, que no me dejen sin luz, ni gas ni internet”, lamentaba esta mañana. Lleva meses con los suministros cortados. Buena parte de las persianas están bajadas, porque funcionan con electricidad. Solo tiene agua. Y no tiene ingresos. Ni nada cotizado para tener derecho a alguna pensión. Ni para pedir financiación a un banco cuando la necesitó. “No acabé la carrera de Arquitectura en España”, admite. Añade que vive “de la pensión” de “su compañero de piso, un chico de 23 años que tiene un 85% de discapacidad”. Critica la burocracia y el “rompecabezas sumo” de los servicios sociales del Ayuntamiento. Y asegura que el suyo no es el único caso en un barrio de clase alta: “En este barrio hay gente que pasa hambre y va a Cáritas por la noche a escondidas o alquila habitaciones.

La técnica de Vivienda del Ayuntamiento le ofrecía dos noches en una pensión y ha tomado nota de todo su historial médico. “Lumbalgia, ataques de angustia, agorafobia”, relata Bonet. Sobre las 11 horas han comenzado a llegar los abogados, que no han querido identificarse, más allá del “representante de la comunidad de propietarios” y otros que aseguraban que venían de parte “del nuevo propietario”. Pero de nuevo cero datos, ni cuánto debe, ni por cuánto se adjudicaron el piso en una subasta que no le fue notificada. Ni de quién es ahora. Si aseguran que la mujer y personas de su entorno llevan años causando molestias en la finca. Ella admite que lleva cuatro años sin pagar la comunidad. “En diciembre hará cuarenta años que vivo aquí. Soy pobre, y como soy pobre, soy una rata. No me quieren aquí”, zanja.