De la lógica privada a la lógica pública

Si la oferta de compra que el consejero de Salud de la Generalitat ha hecho sobre el Hospital General de Cataluña llega a cerrarse y el centro pasa a ser de propiedad pública se habrá cerrado un círculo que se abrió en 1984. Ese año, un informe de Presidencia de la Generalitat certificaba la inviabilidad financiera de un proyecto nacido por suscripción popular al calor de un incipiente nacionalismo que proclamaba que invertir en la construcción de un “gran hospital catalán” era hacer país. Mucha gente entregó sumas considerables de dinero a cambio del “derecho a recibir asistencia sanitaria de por vida” y si contribuyó a hacer país, fue a través de la cuenta de resultados de las empresas que construyeron el mastodóntico edificio, porque desde el punto de vista sanitario, pronto se demostró que el proyecto era un despropósito.

Se planteó entonces qué hacer y hubo propuestas que argumentaron que, dado que el proyecto no tenía viabilidad si el erario público no salía en su rescate, pasara a integrarse a la red de hospitales de titularidad pública. Incluso se llegó a barajar que se trasladara al nuevo edificio levantado en el Vallès el viejo hospital de Sant Pau.

El Hospital General ha sido una iniciativa megalómana que ha tenido que ser rescatada varias veces de formas muy diversas, pero siempre con cargo a la sanidad pública. Nunca ha sido viable como hospital privado y lo ocurrido con este proyecto es un buen ejemplo de la naturaleza que poco a poco fue adquiriendo el llamado “modelo sanitario catalán”, convertido en un paraguas capaz de dar cobijo y facilitar beneficios a todo tipo de intereses e iniciativas, siempre a costa del erario público.

Directivos de la multinacional que ahora detenta la propiedad del centro han comentado en foros económicos que su desembarco en España se debe al atractivo económico que supone la posibilidad de actuar como proveedores de la Sanidad pública. Efectivamente, iniciativas privadas dudosas como la del Hospital General han podido subsistir únicamente porque las autoridades sanitarias han consentido relaciones de subsidiación que les han garantizado los ingresos suficientes. Pero si la lógica que mueve a estos proveedores es el lucro, y la sanidad pública tiene alternativas menos costosas, lo lógico es que se exploren. Del mismo modo que es legítimo y lógico que los operadores privados busquen maximizar el beneficio y el reparto de dividendos, también lo es que las autoridades sanitarias examinen la posibilidad de que esos beneficios se queden en el propio sistema público.