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El juez concluye que Badalona no puede cambiar fiestas estatales

Más de 100 cargos electos del Estado dan apoyo al Ayuntamiento tras abrir las puertas el 12-O

Los concejales que desobedecieron la resolución del juez, en la Ciutat de la Justícia.
Los concejales que desobedecieron la resolución del juez, en la Ciutat de la Justícia.EFE

El juez que suspendió cautelarmente la apertura de las instalaciones del Ayuntamiento de Badalona durante la jornada de la Fiesta Nacional ha ratificado en un auto esta decisión y argumenta que los consistorios "carecen de competencia para modificar los días festivos aprobados por la Administración". Paralelamente, más de cien cargos electos de todo el Estado, entre ellos diputados en los parlamentos de Madrid y Andalucía, y en el Europarlamento, han expresado su apoyo al Ayuntamiento tras la apertura de sus dependencias el pasado 12 de octubre y la desobediencia explícita de algunos de sus ediles, que rompieron en pedazos el auto del juez.

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En la resolución emitida este viernes por el juzgado contencioso-administrativo número 14 de Barcelona, el magistrado añade que "no existe una categoría intermedia entre días festivos y días de trabajo, y la norma también se incumple en aquellos casos", como cuando se da libertad de decisión a los trabajadores. El juez justifica que se tomara la medida cautelar sin escuchar en audiencia al Ayuntamiento por la urgencia, ya que la Delegación del Gobierno pidió esta medida cautelar el 10 de octubre y solo se podía adoptar el 11 para poder notificarla al consistorio.

"Ello hacía inviable otorgar trámite de audiencia al Ayuntamiento, sin que ello suponga que se le haya causado indefensión", ya que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite adoptar medidas cautelares sin audiencia si concurren circunstancias de especial urgencia. El Ayuntamiento alegó que la Delegación tenía tiempo para haber recurrido puesto que desde el 2 de mayo existía una resolución dictada por el concejal del Ámbito de Badalona Democrática, por el que se aprueban calendarios ordinarios y especiales que permitía a los trabajadores acudir a su puesto ese día.

Pero el juez rechaza este argumento porque no puede apreciarse mala fe en la Delegación porque ésta "no conocía ni podía conocer que existía una efectiva resolución del Ayuntamiento" ya que éste incumplió la obligación de remitir los acuerdos municipales a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tal como prevé la Ley de Bases de Régimen Local.

Libertad ideológica

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El juez entiende que la ejecución de la resolución podría causar "perjuicios irreparables tanto al interés general como a la libertad ideológica de los trabajadores" ya que fijar un festivo obedece a razones sociales y culturales que reflejan un interés colectivo en su celebración.

"La decisión de cada trabajador era libre sólo en el sentido de que podía elegir ir o no a trabajar ese día, pero no en el sentido de no tener que elegir. Así, colocaba a los trabajadores en la tesitura de tener que decidir en un sentido u otro", resume. Considera que pese a que haya trabajadores que por convicción personal no quieran celebrar el Día de la Hispanidad esto "no puede justificar que el Ayuntamiento realizara una actuación aparentemente contraria a derecho".

"Difícilmente puede argumentarse que una actuación contraria a la Ley debe mantener su eficacia porque podría proteger determinadas manifestaciones del derecho a la libertad ideológica, máxima cuando concurren importantes intereses generales e individuales en contrario", afirma.

Apoyo de cargos electos

La plataforma "Para la democracia y la soberanía local" ha recibido más de cien adhesiones de representantes políticos catalanes y del resto del país, que han querido así mostrar su apoyo al consistorio de Badalona. El manifiesto de la plataforma destaca que "el poder jurídico instrumentalizado por la Delegación del Gobierno en Cataluña prohibe al gobierno de la ciudad ejercer su derecho a la representación política", y recuerda que más de 40 municipios catalanes abrieron también sus puertas el 12 de octubre.

Entre los firmantes se encuentran Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, Lluís Rabell, presidente del grupo parlamentario Cataluña Sí que Es Pot, Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona o David Fernández, exdiputado del la CUP en el Parlament. También se han añadido el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez, el alcalde de Cádiz, José María González, y la portavoz de Podemos en la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez.

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