La España que lleva pistola

Fernando mira a un lado y otro de la terraza del bar donde desayuna, abre un poco la americana y enseña su pequeña arma enfundada en cinturón de piel marrón atado en el abdomen. Es una Glock de 9 mm y la lleva por seguridad. Es joyero, transporta mercancías y hace unos años sufrió varios atracos violentos, por eso la Guardia Civil le concedió la licencia B, que le permite portar su pistola como autodefensa. A él no le gusta, cuenta. Pesa, tiene que estar todo el tiempo pendiente del "hierro", no puede beber ni ir al fútbol con ella y le recuerda las malas experiencias del pasado. Pero admite que se siente más seguro. Fernando (pide aparecer con un nombre falso) es uno de los cerca de 8.000 españoles con licencia para ir armado por la calle. Un permiso que se concede solo en aquellos casos donde la amenaza está contrastada. Son políticos, joyeros, armeros, magistrados, algún futbolista o exmilitares.

Ellos son los únicos -al margen de los cuerpos de seguridad- que pueden pasear por la calle con una pistola, siempre que esté oculta. Pero España tiene hoy registradas otros tres millones de armas en manos de 1,1 millones de ciudadanos, la mayoría de las cuales se utilizan para la caza mayor y menor, el tiro olímpico o el coleccionismo. El inventario, que actualiza cada mes la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, recoge detalladamente el tipo de aparato y la región donde se encuentra su propietario. De este modo, si se mide en número total de armas, Andalucía es la región que tiene más ejemplares, con 611.987 (la mayoría son carabinas); y Melilla, con 399, es donde hay menos. Sin embargo, si se analiza en función del número de habitantes, las comunidades más armadas son Extremadura, Castilla la Mancha, Navarra y La Rioja. La región que concentra más pistolas con licencia para la autodefensa, como la que tiene Fernando, es la región de Madrid. “Es por tratarse de una zona con acumulación de cargos públicos”, señalan desde la Guardia Civil.

El inventario también incluye rarezas como el número de ballestas que hay en España (1.647), siendo de nuevo Andalucía donde hay más y Ceuta y Melilla las únicas comunidades autónomas donde no hay ni una registrada. También destacan zonas especialmente propensas al tiro olímpico como Asturias (4 armas por cada 1.000 habitantes) o Cataluña (2 por cada 1.000 habitantes).

Pero España –séptimo mayor exportador mundial de armamento- es uno de los países con una regulación más restrictiva en la Unión Europea respecto al acceso a las armas. De hecho, se encuentra en la mitad de la tabla en el mundo (en el puesto 61 de 178 países, según la organización la encuesta referencial de Small Arms Survey) en la tasa de armas por habitante (1 por cada 10 ciudadanos) y en la parte más baja del ranking europeo, que lideran Finlandia, Alemania y Francia. La asociación ANARMA (algo así como la asociación del rifle de Estados Unidos en versión española y con unos 2.000 socios) considera que debería abrirse más el filtro, llegando a equiparar la regulación a la de países como República Checa, donde es posible acceder a un arma para la defensa personal superando unos exámenes reglados y aportando los certificados de antecedentes correspondientes.

Solo  unos 8.000 civiles en España pueden llevar un arma por la calle. El permiso lo expide la Guardia Civil en casos que sufren una contrastada amenaza

Por eso aquí, algunos que no logran el permiso B (autodefensa) y se sienten amenazados optan por tener un arma de tiro deportivo en casa (hay unas 70.000 en España) y acudir regularmente al club para que selle el documento que exige la Guardia Civil y que restringe su uso para esa finalidad. ANARMA alerta de que la compra de este tipo de pistolas se ha disparado para sortear las restricciones que se aplican a los permisos de autodefensa. La policía y los armeros recuerdan que utilizar un arma de tiro como defensa personal acarreará problemas legales. “Es que la licencia B no la consigue prácticamente nadie. Su concesión es un tanto arbitraria y se dan paradojas. A veces la hemos pedido para mujeres que han sufrido violencia doméstica o propietarios de negocios peligrosos y la han denegado”, señala Javier Arnaiz, presidente de Anarma, a quien también le fue denegado dicho permiso, señala, pese a dedicarse a "un negocio relacionado con la seguridad".

La restricción creciente en Europa responde a una idea que, a veces, las estadísticas no respaldan. La UE y diversas asociaciones consideran frecuente la relación entre la tasa de armas y el riesgo de homicidios por armas de fuego (1.000 al año en sus fronteras) -Finlandia o Suiza desmentirían la tesis- y atentados. De hecho, cinco días después de los sucesos de París en noviembre de 2015 que provocaron 132 muertos, la Comisión presentó una propuesta para reformar la Directiva de armas de fuego civiles entre cuyas futuras medidas se prohibirían las armas semiautomáticas comprendidas en la categoría B7: cortas y largas.

Anarma y las otras asociaciones europeas del mismo ámbito montaron en cólera porque la prohibición afectaría directamente a deportistas y cazadores, que usan estos rifles para la caza mayor. De hecho, esta asociación calculó que más de 100.000 unidades en España se verían afectados (pasarían a ser confiscados). “En lugar de atacar el mercado negro que es de donde vienen las armas de terroristas, atacan al mercado regulado”, critican en Anarma. Pero un poco más tarde, se adoptó también un Reglamento para homogeneizar la manera en que se desactivan estos artefactos en los distintos Estados miembros. Y ese sí es uno de los principales vacíos de los que se alimenta el mercado negro y que puede estar relacionado con los atentados.

El problema principal en la UE es que existe una suerte de vacío legal que permite comprar, como meros objetos de colección, armas desactivadas en países con antiguos conflictos armados del norte de África (en el actual estado fallido de Libia, Gadafi llegó a incentivar la compra de Kalashnikov a las familias), repúblicas exsoviéticas y Balcanes. Las armas utilizadas en los atentados del pasado en noviembre París procedían de stocks desactivados de los Balcanes; las que se utilizaron para la matanza en el semanario Charlie Hebdo unos meses antes salieron del mercado negro de armas inutilizadas de Eslovaquia. Transformarlas de nuevo en armas letales es relativamente sencillo y la regulación sobre lo que se considera un arma desactivada es bastante heterogénea en los distintos países de la UE. Sin embargo, pueden circular libremente de un país a otro.

El coste en origen de un arma de guerra convertida en detonadora es de unos 500 euros, pero una vez modificada o reactivada puede llegar a valer entre 2.000 y 2.500 euros. Los principales focos detectados recientemente se encuentran en países del Este, pero este tipo de talleres también se encuentran en España. En la Operación Taronja, de abril de 2015, se desmanteló uno en Alicante dedicado a rehabilitar las armas provenientes de Eslovaquia. Se intervinieron un centenar, entre las que había fusiles de asalto AK-47 y subfusiles VZ61, VZ25 y Rak PM63; procedían del mismo comercio que las usadas por los terroristas de los atentados de París de enero de 2015 y que las utilizadas en el atentado contra el tren Thalys que realizaba el trayecto Holanda-Francia en agosto de ese mismo año.

El mercado ilegal se nutre actualmente de armas inutilizadas en países como Eslovaquia que vuelven a activarse fácilmente

Lo mismo sucede con las armas de fogueo -las llamadas detonadoras que se utilizan para competiciones deportivas o para rodajes-, para las que solo es necesario en España presentar un DNI al adquirirlas. Transformarla en un arma letal es bastante sencillo (se suele cambiar el cañón y la recámara) y en los últimos tiempos han caído muchas bandas dedicadas a ello. Uno de los casos más mediáticos fue el del supuesto embajador en España de Corea del Norte, Cao de Benós, que fue detenido tras recibir en casa dos detonadoras: una Zoraki 917 Black de nueve milímetros y otra Zoraki 906 cromo semiautomática. Ambas habían sido transformadas y estaban listas para disparar. Pero desde ANARMA creen que se trata de una práctica arriesgada y poco frecuente. Aún así, Guardia Civil se ha incautado de unas 500 pistolas detonadoras trucadas en los últimos dos años.

En las vitrinas de la armería Ravell, en calle Diputación de Barcelona, hay algunas de esas réplicas. Las auténticas se guardan bajo fuertes medidas de seguridad en una caja fuerte. Sara, propietaria de un establecimiento que abrió en 1939 y que hoy se está especializando en seguridad debido al lento declive del mundo de la caza, muestra una pequeña Glock negra de 9mm que acaba de sacar de la caja fuerte. Esta sí es real y es una de las preferidas de los policías para la segunda arma a la que tienen derecho. “Ese empieza a ser un cliente predominante. El cazador está envejeciendo y se está perdiendo tradición. En cuanto a las licencias B, puede que haga una al año”, señala. Tanto ella como Carlos López, el presidente del gremio de armeros y dueño de la armería Roca en Barcelona, podrían llevar un arma encima, pero no lo hacen. "Este es un país suficientemente seguro y yo, por el momento, no me siento amenazado”, señala Roca en su establecimiento, que ha tenido un solo incidente en 140 años de historia.