Un juez investiga por desobediencia al Ayuntamiento de Badalona por el 12-O

Badalona ha desatado un nuevo frente judicial a propósito de la celebración del 12-O. El Ayuntamiento ha desobedecido este miércoles la orden del juez, que prohibió abrir las dependencias durante la Fiesta Nacional: seis concejales (finalmente no participó ningún funcionario) entraron en las oficinas y las abrieron al público en señal de protesta. Uno de ellos, simbólicamente, rompió en pedazos el auto. La reacción no se hizo esperar: por la tarde, un juez de guardia de Badalona abrió diligencias penales contra el consistorio —integrado por Podem, la CUP, ERC e ICV— tras recibir una denuncia del PP local.

El Ayuntamiento de Badalona decidió sumarse, este año, a la iniciativa que desde 2012 siguen otros consistorios catalanes: considerar que el 12-O es un día más y que no hay “nada que celebrar”. En consecuencia, planteó a los funcionarios la posibilidad de acudir a su puesto trabajo a cambio de poder librar otro día no festivo. Pese a que los sindicatos aceptaron la propuesta, la Delegación del Gobierno en Cataluña acudió a los juzgados y pidió que quedara en suspenso de forma cautelar.

Un juez de lo contencioso de Barcelona accedió a ello con el argumento de que el Estatuto de los Trabajadores establece que la Fiesta Nacional de España se tiene que respetar “en cualquier caso” y que, si se trabaja, tiene que ser de forma “retribuida y no recuperable”. El juez agregó que la propuesta podía comprometer la “libertad ideológica” de los funcionarios, al obligarles a posicionarse sobre la festividad del 12-O.

El Gobierno local anunció que respetaría la resolución judicial. Pero a última hora decidió no hacerlo. A primera hora del miércoles, el tercer teniente de alcalde, José Téllez, escenificó la desobediencia y rompió ante los periodistas el auto del juez que prohibía la apertura. Téllez explicó que el consistorio estaba dispuesto a abrir “como en un día normal” y un total de seis concejales —incluido el alcalde accidental, Oriol Lladó— abrieron las dependencias hasta mediodía para que los vecinos preguntasen dudas o consultas. Los ediles remarcaron que no harían trámites administrativos. En la apertura de la sede solo participaron cargos electos. Los funcionarios que querían trabajar recibieron un aviso de que no lo hicieran. La alcaldesa, Dolors Sabater, estaba ayer en Colombia, en un congreso.

Los ediles sostienen que no han hecho nada ilegal y acudirán hoy al juzgado de lo contencioso a explicarse. “Si todavía vivimos en un Estado de derecho, el juez nos dará la razón”, afirmó Téllez, quien también aseguró que “la decisión de la delegada del Gobierno solo tiene una motivación: Xavier García Albiol”.

Antes de participar en la manifestación para celebrar el 12-O, Albiol —exalcalde y líder del PP local— expresó su confianza en que la justicia actuara de forma “efectiva” por la “actitud chulesca y provocativa” del gobierno municipal. Albiol insistió en que es “inadmisible y una vergüenza” que Badalona haya sido “portada en toda España” y acusa al equipo de Sabater de hacer un “uso partidista” de los funcionarios.

El exalcalde no tardó en dar vida a sus palabras y él mismo puso en marcha la maquinaria judicial. El PP local presentó una denuncia por desobediencia ante el juez de guardia. El partido acusa a los ediles de “destrucción de documento público”, de “apología de la desobediencia” y de “permitir el acceso” a una instalación pública “sin registro de entrada ni control”. El titular del juzgado de instrucción número 5 de Badalona abrió diligencias, aunque aún no ha citado a ninguna de las partes a declarar.

El PP se ha anticipado así a las intenciones de la Fiscalía, que tenía previsto abrir diligencias hoy mismo. Al encontrarse el caso ya bajo tutela de un juez, la Fiscalía no puede ya tomar una iniciativa en ese sentido, detallaron fuentes judiciales.