Salud inyectará 173 millones para desplegar la sanidad universal

Recuperar el acceso universal a la sanidad en Cataluña costará unos 173 millones de euros al año. El consejero de Salud, Toni Comín, confirmó ayer que la ley de universalidad que prepara la Generalitat comportará un incremento de tres millones de euros sobre la partida que se destinaba a paliar la exclusión sanitaria. Estos tres millones se unen así a los otros 170 que gastaba la Generalitat cada año al poner en práctica una serie de instrucciones que intentaban sortear el real decreto aplicado en plena época de recortes por el gobierno central del PP para ahorrar fulminando la asistencia universal.

La norma estatal ligó en 2012 el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo (esto es, a estar asegurado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social), dejando fuera del sistema a las personas en situación administrativa irregular, excepto en tres casos: urgencias, embarazadas y menores de edad. La realidad, sin embargo, se volvió mucho más cruda y numerosas entidades de todo el territorio documentaron casos de exclusión sanitaria en hospitales y ambulatorios.

En Cataluña, aunque el Departamento de Salud ha ido sacando varias instrucciones con criterios de acceso más flexibles, estas ordenanzas tampoco atajaban el problema de raíz. Así, pese a que, según Salud, 137.000 personas volvieron al sistema, las normas seguían teniendo restricciones que dificultaban el acceso.

Las entidades sociales e incluso el Síndic de Greuges atestiguaron episodios de exclusión a pacientes urgentes, embarazadas y niños. Las instrucciones de Salud exigían llevar más de tres meses empadronado para acceder a toda la cartera de servicios. Sin embargo, según los actores sociales, el problema es que el empadronamiento es un documento difícil de gestionar para colectivos vulnerables “que no pueden acreditar dónde viven porque están en una casa subarrendada, okupada, en la calle o en una chavola". A julio de 2015, la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat) había detectado 150 casos de personas con dificultades para ser atendidos por la sanidad pública.

Sin carencia

Con la nueva ley, Comín anula la carencia de tres meses de empadronamiento y abre el acceso a toda la cartera de servicios desde el mismo momento en que el usuario tiene el padrón. “Lo único que pedimos es la residencia a través del empadronamiento”, apuntó el consejero. Con todo, el titular de Salud avanzó que la norma también establecerá otros mecanismos para certificar la residencia, aunque no ha concretado cuáles. “Además, si comprobamos que un no residente no tiene recursos, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) también se hará cargo de la factura”, añadió.

El anteproyecto de ley ya fue aprobado el martes en el Consejo de Gobierno y se tramitará por vía de urgencia en el Parlament. “Con la ley damos un paso muy importante porque protegemos con el máximo rango legal un derecho. En todo el Estado no habrá ninguna que universalice de forma tan absoluta el derecho a la asistencia sanitaria”, celebró ayer Comín durante una visita a las urgencias del hospital Sant Pau de Barcelona.

El consejero de Salud mostró sus dudas ante una posible suspensión de la norma catalana por parte del Tribunal Constitucional. “Hay controversia porque el TC levantó la suspensión cautelar a la ley que hizo el Gobierno valenciano en un sentido similar al nuestro”, justificó. Comín aseguró además que el TC ha dictado en los últimos meses varias argumentaciones jurídicas sobre la materia que “no son muy coherentes” entre sí.