El TSJC notifica a Forcadell y Puigdemont la resolución del Constitucional
Cuatro secretarios han ido personalmente esta martes al Parlament y a la Generalitat
![Puigdemont, Forcadell y Junqueras al Parlament .](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZKJMAMGZZXHEKUTZLFG7FAZBXA.jpg?auth=927832f3e44d972795c839af024630645d0a0468c7b0957b771f81ce8ebac07d&width=414)
Cuatro secretarios judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han notificado hoy en mano al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el auto en que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la hoja de ruta independentista.
Según ha informado el TSJC en un comunicado, los cuatro secretarios judicial han acudido esta mañana al Parlament y al Palau de la Generalitat para, tal y como establecía el TC, notificar personalmente la resolución a Forcadell, Puigdemont, los miembros de la Mesa del Parlament y los miembros del consejo de Gobierno catalán.
En su resolución, acordada la semana pasada, el TC declaraba la nulidad de la resolución del Parlament de 27 de julio de 2016 que ratificó las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que abren la puerta a una hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña unilateralmente.
El Constitucional ordenaba en su auto que se notificara personalmente a los afectados la "advertencia de abstenerse de realizar cualquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a la resolución aprobada por el Parlament el pasado mes de julio, y de su "deber de paralizar cualquier iniciativa" que directa o indirectamente supusiera eludir su resolución. La resolución del TC notificada hoy también incluye la decisión del tribunal de dejar en manos de la Fiscalía la decisión de denunciar a Forcadell por un posible delito de desobediencia al Constitucional, al haber permitido la votación parlamentaria de la hoja de ruta.
El TC trasladó el caso de la Fiscalía para que, si lo considera oportuno, ejerza acciones contra, además de contra Forcadell, contra cualquier otra persona que incumpliera con su deber de acatar las decisiones del Constitucional.
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