El juez obliga al Ayuntamiento de Badalona a hacer fiesta el 12 de octubre

El juez obliga al Ayuntamiento de Badalona a celebrar la Fiesta Nacional. En un auto de este mismo martes, el magistrado da respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado por la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, para impedir la medida propuesta por la alcaldesa de la tercera ciudad de Cataluña, pactada con los empleados públicos. “La fijación, en este caso por Ley, de un determinado día como festividad nacional (y lo mismo ocurre con las festividades autonómicas y las locales) obedece a razones sociales y culturales, que reflejan un interés general, social o colectivo en su celebración. En caso de que se llevara a efecto la decisión del Ayuntamiento de Badalona este interés se vería perjudicado de manera irreparable”, escribe el juez.

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"12 de octubre, nada que celebrar". Bajo esta premisa la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, decidió permitir a los empleados del Ayuntamiento ir a trabajar durante la jornada de la fiesta nacional. La medida adoptada por la tercera ciudad de Cataluña ha causado un gran revuelo, si bien no es la primera vez que se lleva a cabo: en los últimos años lo han hecho una serie de Ayuntamientos, entre ellos Girona, cuando era alcalde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En todos los casos, los Consistorios acordaron con los funcionarios que podrían librar, a cambio, en otro día que no fuese festivo. Esta solución, según la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, contradice el Estatuto de los Trabajadores, aunque al ser voluntaria, los sindicatos no ven ningún impedimento. Sabater ha asegurado este martes en entrevistas a RAC-1 y Catalunya Ràdio que otros Ayuntamientos han trabajado el 12 de octubre y que "nunca ha habido una reacción histérica de la caverna mediática como ahora".

El Ayuntamiento de Badalona cerrará puertas durante la festividad del 12 de octubre en cumplimiento de la resolución judicial. En una rueda de prensa de última hora, el alcalde accidental de Badalona, Oriol Lladó, y el tercer teniente alcalde, José Téllez, han explicado que los cargos electos atenderán a los ciudadanos ante las dependencias consistoriales de 8 a 14 horas, pese a la interlocutoria. Téllez ha calificado la resolución contencioso-administrativa de "golpe de Estado a la soberanía municipal", y Lladó ha sostenido que se ha decidido de forma deliberada a última hora para dificultar la respuesta del Ayuntamiento.

Desde hace años, la posibilidad de convertir el 12 de octubre en laborable ha existido en Consistorios gobernados por la CUP como Celrà y Viladamat (Girona), y en otros que se declaran soberanistas y en los que gobierna ERC o CiU como Arenys de Munt, El Brull, Seva, Calldetenes (Barcelona), Girona o Ripoll (Girona). En ocasiones, las dependencias estaban abiertas y los ciudadanos podían ir a hacer trámites, mientras que en otras, las oficinas permanecieron cerradas pero los funcionarios podían ir a trabajar si lo deseaban, como en Girona.

En esta ocasión, además del de Badalona, 19 ayuntamientos más permitirán a sus empleados ir a trabajar: 10 gobernados por la CUP, entre ellos Berga (Barcelona), ocho consistorios de ERC y uno de CiU. En Celrà (gobernado por la CUP) el alcalde, Dani Cornellà, explica que abrirán porque tienen un pacto con los trabajadores desde 2012, con los que intercambia la Fiesta Nacional por otros días no festivos: "Nunca ha pasado nada, entendemos que es voluntario". Y añade: "Llanos de Luna nos ha puesto problemas con muchas cosas, pero con este tema nunca ha dicho nada". Este miércoles, como mínimo 10 de sus 60 trabajadores se acogerán a la medida. En cambio, el Ayuntamiento de Arenys de Munt (el primero en convocar una consulta independentista) celebrará el festivo: "Este año no nos lo hemos planteado, y cuando hubo la posibilidad, nadie trabajó". 

El pacto de los Consistorios con los funcionarios, también en Badalona, es que los trabajadores que acudan ese día a su puesto de trabajo pueden recuperar el festivo otro día que en Cataluña no lo sea: el 23 de abril (Sant Jordi), el 9 de octubre (Diada de Valencia) o el 9 de diciembre —para hacer más largo el puente del Día de la Constitución, festivo que los Ayuntamientos de la CUP también consideran laborable.

La delegada del Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo al que el juez ya ha dado respuesta suspendiendo cautelarmente la medida. El recurso se fundamentaba en dos leyes: la 18/1987 que declara Fiesta Nacional el 12 de octubre y el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. En él, se estipula que la Fiesta Nacional se tiene que respetar "en cualquier caso" y que las fiestas laborales, "tendrán carácter retribuido y no recuperable", es decir que si se trabajan, se tienen que pagar y no se pueden intercambiar por otro día no festivo. No obstante, Josep González, coordinador del área pública de Comisiones Obreras (CC.OO)., afirma que "si es un pacto entre trabajadores y es voluntario no tiene que haber ningún problema". Esta valoración la comparte Jordi Juan, abogado laboralista del Colectivo Ronda, que afirma que el recurso presentado por Llanos de Luna "en principio no tiene objeto", porque la medida es legal ya que "no establece ninguna obligación para el trabajador". 

El debate está superado en el sector privado, en el que es habitual ver las persianas subidas en domingos y festivos en Cataluña desde que el Tribunal Constitucional suspendiese la ley catalana de comercio en 2014. A la espera de que se redacte una nueva ley, la Generalitat ha perdido en parte el control de los establecimientos que abren en los festivos. Juan explica que, "a efectos prácticos", días como el 12 de octubre "funcionan como laborables", porque muchos servicios públicos continúan activos.