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Puigdemont retoca su hoja de ruta para atraer a Podemos

Junts pel Sí y Sí que es Pot votaron a favor del referéndum: unos con o sin el permiso del Gobierno y otros solicitando que tenga reconocimiento internacional

Carles Puigdemont, el sábado en Cornellà.
Carles Puigdemont, el sábado en Cornellà. EFE

Carles Puigdemont prometió al tomar posesión, el pasado enero, que en 18 meses culminaría el proceso para proclamar la independencia de Cataluña. El president mantiene ese objetivo, pero por un camino distinto. Junts pel Sí y la CUP trazaron el jueves en el Parlament una ruta que presenta notables diferencias con el programa electoral con el que la coalición de Artur Mas ganó las elecciones por mayoría: sustituye las denominadas elecciones constituyentes por el referéndum. Puigdemont busca atraer a Podemos, la única fuerza estatal que apoya el derecho a decidir.

Para explicar el viraje en la estrategia hay que recordar que Puigdemont siempre fue independentista, desde las épocas en que la antigua Convergència pactaba con el PP y el PSOE. Por otro lado, la presión de la CUP y el plante a los Presupuestos de este año han obligado a Junts pel Sí a ceder ante los anticapitalistas. También los diversos procesos judiciales contra dirigentes independentistas han abonado el camino para apostar por la unilateralidad. Pero, paralelamente, Puigdemont ya explicitó su deseo de ampliar la mayoría en favor del derecho para incorporar a la estrategia a Sí que es Pot. Las dos formaciones votaron a favor del referéndum en el Parlament: unos con o sin el permiso del Gobierno (los secesionistas) y otros (la confluencia) solicitando que tenga reconocimiento internacional, que sea “útil” y “efectivo” y sin fijar fecha. El balance es que 83 de 135 diputados están a favor de la consulta.

El president se entrevista hoy con Iglesias e irrita al PP

ÀNGELS PIÑOL

Puigdemont protagoniza hoy en Madrid un desayuno informativo y aprovechará su viaje para reunirse con Pablo Iglesias, líder de Podemos, el único partido nacional que apoya el referéndum. La entrevista, la segunda entre ambos dirigentes —la primera fue en abril en Barcelona—, ha enojado al PP. El líder popular en Cataluña, Xavier García Albiol, afeó a Puigdemont, en la clausura de la Escuela de Otoño de su partido en Cambrils (Tarragona), que no solo se conforme con “gobernar” con los “radicales” —en alusión a la CUP— sino que pida verse con Iglesias. Por ello, le invitó a reunirse con Mariano Rajoy y presentar propuestas “asumibles” que no desborden la Constitución y el Estatut. El president ya le replicó el jueves en el Parlament que planteó a Rajoy 47 peticiones no relacionadas con el secesionismo y que no le han concedido “ni una”.

Albiol, que tilda el proceso secesionista como una forma de “vagancia”, avisó de que el Ejecutivo central nunca negociará el referéndum. “La respuesta es no, no y no”, avisó. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, reiteró que la soberanía no se puede “trocear” y que la estabilidad de un país no puede descansar —ni en Cataluña ni en el conjunto de España— en los “radicales o extremistas” porque, dijo, comporta “inseguridad, frustración, parálisis, retroceso y desconcierto”.

La proclamación de la independencia, olvidada. Junts pel Sí, la coalición de la extinta Convergència y ERC, prometía en su programa de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que habría una declaración solemne del Parlament para iniciar un proceso constituyente que culminaría con la proclamación de la independencia. Se cumplió solo la primera parte con las consecuencias conocidas. El 9 de noviembre el Parlament aprobó esa declaración para “desconectar de España”, el Tribunal Constitucional la anuló tres semanas después y trasladó el caso a la fiscalía para que actúe contra la presidenta de la cámara, Carme Forcadell. La promesa de declarar la independencia ha desaparecido en la nueva estrategia.

La Constitución popular que no será. Junts pel Sí prometía el inicio inmediato” del proceso para elaborar una Constitución catalana a través de la “participación ciudadana”, pese a no estar regulada jurídicamente. La resolución pactada esta semana con la CUP obvia por completo la redacción de la Constitución que, en todo caso, no empezará a redactarse hasta mediados de 2018.

Primero, el referéndum, no las elecciones constituyentes. La estrategia inicial de Junts pel sí pasaba por celebrar unas elecciones constituyentes en el período máximo de 18 meses desde las elecciones de 27 de septiembre de 2015. El nuevo parlamento elaboraría la Constitución con las aportaciones de la sociedad civil y sería ratificada en referéndum. El nuevo plan es distinto. Prevé que en septiembre de 2017, a más tardar, se celebre “un referéndum vinculante sobre la independenci con una pregunta clara y respuesta binaria”. Si el “sí” logra más del 50% de los votos favorables, en los seis meses siguientes a esa consulta, en marzo de 2018 se celebrarían elecciones constituyentes. La oposición anticipa que el voto afirmativo se impondrá por mayoría aplastante porque dice que solo votarán los independentistas como ya ocurrió en la consulta del 9-N por la que está a punto de ser juzgado Mas. Los partidos antiindependentistas no reconocieron esa consulta y rechazan la que se proyecta.

Con o sin permiso. “Si el Estado español, a través de decisiones políticas y/o jurídicas bloquea el autogobierno de Cataluña, el Gobierno catalán y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia”, se decía en el programa de Junts pel Sí. Ahora se anuncia que el referéndum en septiembre de 2017 se mantendrá “en ausencia de acuerdo político con el Estado español”.

Maquinaria legal. La resolución aprobada esta semana anuncia que “el Parlament se compromete a activar todos los dispositivos legales necesarios para llevar a cabo la celebración del referéndum y darle cobertura legal”. Nada de eso se decía en el programa de Junts pel Sí. También se promete ahora que antes de que finalice el año, la cámara creará “una comisión de seguimiento para el impulso, control y ejecución del referéndum”, así como otra “de expertos” para el seguimiento del proceso de autodeterminación. Por si no fuera bastante, el Gobierno catalán creará en el plazo de dos meses un Consejo Asesor del Proceso integrado por expertos y también convocará “de forma inmediata” una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales para “definir” el referéndum.

La transitoriedad jurídica. Junts pel Sí preveía en su programa del año pasado que, una vez proclamada la independencia y cuando Cataluña hubiera “desconectado” del ordenamiento jurídico español, se aprobaría la “ley de transitoriedad jurídica” y otra relativa al “proceso constituyente”. Ahora los planes son otros. Antes de que finalice este año ha de estar lista la ponencia sobre la ley de transitoriedad jurídica (se denomina “de régimen jurídico”), que será el armazón legal sobre la que se celebrará el referéndum y todo el “período de transitoriedad existente entre la proclamación de la República Catalana y la aprobación de la Constitución, así como el reglamento de la Asamblea Constituyente”.