Borràs quiere burlar al Constitucional con una ley antidesahucios “difícil de recurrir”

Cataluña tendrá antes de que acabe octubre una nueva ley antidesahucios, un texto que reemplace los artículos de la ley 25/2015 recurridos por el Gobierno central. La reunión semanal del Ejecutivo catalán dio ayer luz verde a un proyecto de norma que tiene como punto central la expropiación temporal del uso de los pisos vacíos de los bancos y que la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ve “difícil de recurrir”.

Cuando en julio de 2015 el Parlament aprobó la primera ley antidesahucios —surgida de una Iniciativa de Legislación Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)— la Generalitat lanzó el mismo mensaje. Meses después, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió de manera cautelar la norma, tras aceptar los reclamos de inconstitucionalidad del Gobierno del PP.

“Hemos trabajado para que no sea un posible un recurso desde un punto de vista jurídico”, aseguró ayer Borràs, que siempre ha acusado al Gobierno central de impugnar las leyes por motivos meramente políticos. Tanto el Gobierno como el alto tribunal consideran que la norma recurrida pone en peligro el funcionamiento de la banca y vulnera la unidad sobre legislación procesal y concursal al fijar la mediación extrajudicial previas al desahucio.

 La consejera recordó que la redacción de la nueva ley contó con la participación del ICAB y las entidades municipalistas, lo que considera que le da más solvencia jurídica. La PAH no ha dado su apoyo al texto final si bien participó en su elaboración, pues considera que no se hace corresponsable a la banca en la emergencia habitacional.

La nueva norma recurre a la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías para poder darle un uso social. Esto podría ser por un plazo de entre cuatro y diez años, algo que Borràs puso como ejemplo del carácter expansivo de la ley supletoria.

Si bien la declaración del 9-N especifica que no se acatarán las sentencias del TC, la consejera argumentó la necesidad de tener una ley que las entidades bancarias acepten. “Nosotros podríamos seguir adelante con nuestra ley, pero lo haríamos solos, porque los bancos nos llevarían a los tribunales y perderíamos”, aceptó Borràs. “Lo que pretendemos es proteger a los ciudadanos más vulnerables”, dijo.