Bonig, Mata y Ferri defenderán por tercera vez la reforma del Estatuto
El cambio pretende que las inversiones del Estado se blinden de acuerdo con la población
Una delegación de las Cortes Valencianas defenderá por tercera vez este martes, 4 de octubre, en el Congreso de los Diputados, la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano para que las inversiones del Estado se blinden de acuerdo a la población valenciana. El pleno del Parlamento valenciano ha acordado que los portavoces del PP, Isabel Bonig; el PSPV, Manolo Mata; y Compromís, Fran Ferri, la defiendan en Madrid.
Tanto Manolo Mata como Fran Ferri actuaron de ponentes en defensa de la reforma en septiembre de 2015 y abril de 2016. La novedad está en el Grupo Popular, ya que esta vez será Isabel Bonig, portavoz del partido, en lugar de Jorge Bellver quien tome la palabra en la tribuna del Congreso de los Diputados.
La reforma del Estatuto valenciano incorpora una disposición donde se reclama que las inversiones del Estado en el territorio valenciano sean equivalentes al peso de su población, por un periodo de siete años. Fue la conocida como cláusula Camps que impulsó el presidente autonómico en la reforma de 2006. Ese punto establecía que el estatuto valenciano se beneficiaría de cualquier mejora que posteriormente consiguieran otros estatutos autonómicos.
Las Cortes la tramitaron finalmente para equiparar su redacción a los paralelos estatutos catalán o andaluz, que aluden a la inversión del Estado en sus respectivas comunidades autónomas. El acuerdo se cerró en marzo de 2011 con los votos favorables del PP, el PSPV y los diputados de Compromís.
Pese a estar aprobada, pasó toda la legislatura congelada en el Congreso por el retraso del parlamento valenciano, con mayoría absoluta del PP. Los populares valencianos no querían incomodar al Gobierno de Mariano Rajoy, al que le resultaba complicado hablar de recortes públicos por doquier y a la vez comprometerse en invertir más en uno de los territorios españoles.
Al final fue tramitada en septiembre de 2015 pero, al disolverse las Cortes y celebrarse elecciones, era necesario que fuera aceptada expresamente por las nuevas Cortes, trámite que volvió a superar el pasado mes de abril y que deberá volver a pasar este martes. Los populares, que ralentizaron la tramitación para no incomodar al Gobierno español, del PP, acabaron desbloqueándola.
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