Los registradores alertan a Junqueras de que perderá hasta 400 millones

El cuerpo de registradores de Cataluña advirtió ayer de que los planes de la Generalitat para montar su Hacienda propia les pueden salir caros. En concreto, 400 millones de euros anuales en caso de romper el convenio por el que estos funcionarios del Estado liquidan los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales desde hace más de 30 años. La Secretaría de Hacienda los ha convocado hoy con una orden del día en la que consta la denuncia del convenio, que vence dentro de un año. La Generalitat afirma que su voluntad es asumir el personal que ahora liquida esos tributos.

La Generalitat quiere acelerar los planes para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) haya asumido el próximo mes de julio todas las competencias que le permite el actual marco legal y que no realiza, como la liquidación directa de impuestos propios y cedidos, recaudaciones ejecutivas —por ejemplo, cobros de multas— o embargos.

Hoy dos tercios de la recaudación de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados los realizan los registradores, que son funcionarios del Estado, en 55 oficinas repartidas por toda Cataluña. En ellas se emplean a 386 personas, entre registradores, arquitectos y administrativos. Sin embargo, la Generalitat quiere romper ese convenio, asumir esas funciones y contratar al grueso de esa plantilla.

Los registradores creen que la decisión es errónea al considerar, primero, que la estrategia de la Generalitat dejará sin cobertura a la mayor parte de la Cataluña interior. “El llamado desliegue de la ATC es en realidad un repliegue”, lamentó el decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Luis Suárez. De hecho, algunos ayuntamientos como el de Igualada (Anoia) ya han protestado porque se quedarán sin oficina liquidadora si sigue adelante el plan de la Generalitat.

El segundo motivo es económico. La Generalitat dejará de abonar los 25 millones de euros anuales que contempla el convenio. Pero los registradores advierten de que la pérdida económica será mayor. El colegio ha preparado un documento sobre las consecuencias económicas en el que advierte que la rescisión del convenio supondrá una merma de 100 millones de euros de los ingresos tributarios. A esa cifra llega tras costatar que sus oficinas revisan muchos más expedientes (un 1.000% más), recaudan más (un 100% más) y se enfrentan a menos litigios (un tercio que las oficinas de la ATC).

Pero además, los registradores advierten de un problema de tiempo. “En un año es imposible hacer todo ese traspaso”, sostuvo Suárez. Y ello, a su juicio, tendrá otro impacto sobre económico. La Generalitat, según estiman los registradores, perderá otros 300 millones de euros por ineficiencias. Ello se debe sobre todo a que ahora los registradores manejan más de 200.000 expedientes que consideran que la ATC no podrá asumir de inmediato por la reducción de oficinas liquidadoras (de 59 a 19), por la falta de arquitectos y porque necesitarán personal que vuelva a examinarlos desde el comienzo. “Las posibilidades de colapso en los primeros dos o tres años es grande, lo cual supone que se perderán unos 300 millones de euros anuales”, añadió Suárez.

“Mesa de diálogo”

 Fuentes del Departamento de Economía y Hacienda aseguraron que la intención es establecer una “mesa de diálogo” para vehicular la transición de un modelo al otro. Estas fuentes explicaron que la Generalitat tiene margen para denunciar el convenio —lo ha de hacer nueve meses antes de que venza—, por lo que antes quiere sentarse con el cuerpo de registradores. El Departamento no quiso valorar los cálculos que dieron los funcionarios del Estado e insistieron en que su intención es asumir 277 empleados.

Sin embargo, también ese apartado despierta dudas a los registradores, puesto que esa incorporación deberá hacerse mediante un concurso público para personal interino al que podrán presentarse otros profesionales. Los Registradores recuerdan, además, que Madrid también adoptó esta decisión y que luego tuvo que dar marcha atrás, y que el País Vasco, con concierto económico, se vale de sus servicios para realizar las liquidaciones.