¿Cuestionarse o ganarse la confianza?

Cuando el presidente Carles Puigdemont decidió someterse a una cuestión de confianza tras el veto de la CUP y el fiasco del proyecto de ley de presupuestos para 2016, sabía que si no proponía retirar o frenar la hoja de ruta pactada al inicio del mandato obtendría los mismos resultados que en su investidura: el apoyo de Junts pel Sí y de la CUP, y el rechazo de las demás formaciones políticas. Y parece que así será. Por lo tanto, la cuestión no es saber si la CUP sigue secundando los objetivos pactados en su día, puesto que nunca ha dicho lo contrario e incluso utilizó el argumento de ser fieles a lo acordado para rechazar los presupuestos de 2016.

Y es que la cuestión de confianza no es tanto una modalidad de control donde los parlamentos pueden exigir responsabilidades políticas a los gobiernos, como un instrumento en manos del poder ejecutivo para provocar la atención mediática y social y presionar a los grupos parlamentarios. Cuando un presidente de gobierno presenta una cuestión de confianza es para ganarla, sacar pecho y mejorar su valoración social.

El presidente Puigdemont debería proponerse un triple reto en la cuestión de confianza del miércoles: iniciar una nueva etapa en las relaciones con la CUP, conseguir que el entorno social de los Comuns apoye sin fisuras el referéndum y ampliar la confianza de la sociedad catalana.

El rechazo de la CUP a los presupuestos puso al descubierto una mala metodología de negociación entre el gobierno y los anticapitalistas. La ambigüedad del texto del acuerdo de estabilidad entre Junts pel Sí y la CUP que facilitó la investidura de Puigdemont requería planificar mejor la coordinación parlamentaria para “hacer efectivo el mandato democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de República”, como señala la resolución del Parlament de 9 de noviembre de 2015. Puigdemont debe restablecer cuanto antes la confianza bidireccional entre Junts pel Sí y la CUP, que es el único soporte para lograr cumplir con los objetivos gubernamentales.

El gobierno también sabe que los partidos satélites de los Comuns son fundamentales para presionar en favor del referéndum. Puigdemont debería aprovechar la cuestión de confianza para clarificar y unificar las interpretaciones sobre el proceso para conseguir la independencia de Cataluña, enfatizar la vía del referéndum y, apelando a la mayoría social que lo respalda, pedir a los Comuns que acepten, como defensores del derecho de autodeterminación, “no cerrar la puerta a la independencia de Cataluña si la sociedad catalana así lo manifiesta de forma mayoritaria” o “si persiste la negativa estatal a modificar la situación actual”, como ya se aprobó en el documento programático de la Convención Nacional de ICV en febrero de 2015.

Todas las hojas de ruta para la independencia tienen como denominador común la necesidad de sumar una mayoría social favorable al llamado derecho a decidir que confíe en el gobierno que lo lidera. El independentismo sigue contando con un amplio apoyo popular, pero la confianza hacia el gobierno y su presidente no parecen gozar de la salud necesaria para erigirse como paladines de un cambio radical de las estructuras políticas. Es urgente e imprescindible para Puigdemont y su ejecutivo ganarse la confianza de más catalanes.

Casi en el ecuador de los dieciocho meses previstos para que el gobierno “lleve a Cataluña a las puertas de un nuevo Estado”, la mayoría de los catalanes, según el último barómetro del CEO, suspende la gestión (4,35) del gobierno de Cataluña y aprueba por los pelos (5,05) la actuación política de Puigdemont. Son cifras muy bajas para un gobierno que necesita agrandar su credibilidad social.

Resulta especialmente significativo que únicamente los que votaron Junts pel Sí el 27-S valoren positivamente la gestión del gobierno y con una puntuación inferior a 6 sobre 10, que una sexta parte de los que afirman que votarían Junts pel Sí desconfíen del gobierno catalán o que los catalanes menores de cincuenta años suspendan la actuación de Puigdemont. Y resulta inquietante para el independentismo que los catalanes confíen más en la policía nacional española y la guardia civil (4,71) que en el gobierno de la Generalitat (4,41).

El gobierno tiene que reformular las relaciones con la CUP, aproximarse a los Comuns y, sobre todo, terminar con el guirigay del procés, clarificar sus objetivos y formular propuestas de futuro verosímiles. Puigdemont debe dedicar la cuestión de confianza a ganársela.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.