El plan regional de residuos sopesa dos incineradoras al sur y al norte

Con vertederos a punto de colmatarse como el de Alcalá de Henares, que da servicio a una población de 650.000 personas y una producción de residuos urbanos de 2,7 millones de toneladas (1,16 kilos por habitantes y día), es urgente encontrar una solución que mejore el sistema actual.

Sobre todo para la fracción orgánica y resto (los desperdicios domésticos que no se separan para la recogida selectiva), un 75,3% del total de los residuos urbanos recogidos en la región, según datos del Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de 2015.

El texto de partida elaborado por la Consejería de Medio Ambiente para la nueva Estrategia de Residuos de la región (2017-2024) avanza hacia un modelo en el que se genere menos basura potenciando la prevención, reutilización y reciclado. Pero mantiene la llamada “valorización energética”, que supone deshacerse de los desperdicios mediante procesos de combustión controlada o incineración.

Al mismo tiempo, se produce energía eléctrica que se vierte a la red. El documento plantea dos opciones. La primera supondría la construcción de una o dos nuevas plantas de incineración, además de la que ya existe en Valdemingómez.

De esta forma, la valorización energética podría quemar hasta el 30% de los residuos generados en la región. Las incineradoras propuestas darían cobertura a las tres mancomunidades de tratamiento de residuos domésticos: la del Sur (68 municipios), la del Este (31 pueblos del Corredor del Henares), unida a la del Noroeste (33 mancomunados y 44 no mancomunados).

Si solo se construyera una nueva planta, se utilizaría para todos los municipios de los que se ocupan estas mancomunidades. Se ubicaría en el entorno de la zona sur, para “reducir, en la medida de lo posible, el coste y emisiones que supone el transporte de residuos en grandes cantidades”, explica el texto de la estrategia, que se está consensuando.

En el caso de levantar dos nuevas plantas, una daría servicio a las zonas noroeste y este y la otra a la parte sur de la región. Ambas infraestructuras deberían tener, “al menos”, una capacidad de tratar el 30% de los residuos generados. Para las cenizas y escorias que genera la quema de los desperdicios, haría falta construir “las instalaciones necesarias para su depósito”.

Esta alternativa persigue la reducción en un 10% del peso de los residuos producidos en 2020 con respecto a los generados en 2010. También pretende incrementar la recogida separada de envases domésticos hasta llegar en 2020 como mínimo a que el 70% del reciclado proceda de esos residuos.Jesús Pérez, miembro de Ecologistas en Acción, se muestra totalmente en contra de la incineración. “Se vuelve a insistir en un modelo que ha fracasado, proponiendo la incineración como una parte de la solución”, explica.

La segunda alternativa propuesta por la nueva normativa se acerca más a las peticiones de los conservacionistas. Aunque mantiene la incineradora de Valdemingómez, no propone construir nuevas plantas de valorización energética. En la instalación del Ayuntamiento se quemarían “hasta un máximo del 15% de los residuos domésticos”, la mitad que plantea la otra opción. Además, estos residuos “han de ser sometidos a tratamiento previo, obteniendo energía eléctrica y reduciendo la cantidad de residuos depositados en vertedero”.

30 kilos por persona

El sistema propuesto es más ambicioso que el primero y habla de reducir la generación de biorresiduos domésticos en 30 kilos por habitante y año poniendo en marcha el autocompostaje, el compostaje comunitario y la prevención del desperdicio alimentario. Se trata de reducir al máximo los desperdicios domésticos, en los que la materia orgánica es la fracción mayoritaria con un 42% del total.

Para ello plantea la recogida separada de la materia orgánica de la que se recogerían aproximadamente 795.000 toneladas al año. El volumen de alimentos que se tiran constituye otra de las piezas clave para bajar el volumen de basura. En los hogares españoles el desperdicio medio de alimentos se encuentra entre los 28 y 35 kilogramos por persona y año. “Son valores superiores a los de Francia, donde a pesar de su mayor nivel de vida, el derroche alimentario es de 20 kilos por persona y año”, dice el texto.