El principal implicado y testigo en una gran trama de facturas falsas se da a la fuga

Acusado, testigo, condenado y ahora prófugo de la justicia. Jose Manuel Costas, el administrador del grupo de fabricantes de casas de madera Las Cinco Jotas y eje de la trama de falsificación de 150 millones de euros en facturas que llevó hasta la fiscalía de Vigo a 200 empresas involucradas, ha dado plante a los tribunales que juzgan el caso.

Costas (cuyo abogado falleció recientemente) tenía que entrar en prisión al haber sido condenado en varios de los 62 juicios celebrados hasta la fecha pero puso pies en polvorosa y dejó atrás no solo la cárcel, sino a casi una docena de causas pendientes. En pleno cambio de letrado y tras solicitar un aplazamiento de su ingreso penitenciario por motivos de salud, el empresario se esfumó sin dejar rastro de su paradero y sin que haya trascendido todavía las repercusiones judiciales que pueda tener su fuga.

El juzgado número 3 de Vigo dictó orden de detención contra el empresario, que tiene que cumplir una pena máxima de seis años de prisión por delito continuado de falsedad documental. Como colaborador y testigo de cargo en el caso, la Fiscalía determinó para él el límite penalógico de la condena, en aplicación del atenuante de confesión, al acumular varias causas en las que el grupo Las Cinco Jotas era emisor de cientos de facturas de constructoras, muchas de ellas adjudicatarias de obra pública.

En noviembre de 2011, Costas hizo su primera denuncia de 74 folios después de seis horas explicando la mecánica de la trama y denunciando una por una a las empresas implicadas ante la juez, el fiscal de delitos económicos y el abogado del Estado. Decepcionado porque sus explosivas declaraciones de fraude fiscal y corrupción política (pago de comisiones por adjudicaciones) no habían tenido efectos más contundentes para empresas y bancos que participaron en la trama, el testigo admitió que el caso “se fue desinflando” con el paso del tiempo y más de una docena de denuncias prescribieron, mientras que él y uno de sus hermanos, que ya está en prisión, fueron condenados.

A finales de 2014, cuando ya había comparecido en 33 juicios de la trama, el empresario “arrepentido” declaró a EL PAÍS que “la justicia no llegó al fondo, porque la implicación de los bancos se pasó por alto y las empresas, por reconocer el delito, han pagado una multa y una condena mínima, como la prohibición durante 15 días para concursar en proyectos de obra pública”, lamentó Costas.

El caso saltó en febrero de 2008, cuando Costas, el máximo responsable de la macroestafa fue detenido por la policía cuando salía de una sucursal bancaria con 380.000 euros metidos en una bolsa. Después de declarar en comisaría, Costas afirmó que el dinero lo acababa de retirar de dos entidades el mismo día y que era el método empleado para facturar y cobrar durante años a través de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se habían comprometido con el empresario a darle trabajo.

Un año después, una empleada del grupo Las Cinco Jotas, descubrió que habían utilizado su nombre para abrir varias cuentas en una sucursal del BBVA en el distrito vigués de Cabral. La denuncia de la empleada puso a la Agencia Tributaria sobre la pista fundamental del entramado y permitió conocer el verdadero alcance de la estafa que se venía realizando al menos desde 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reducían el impuesto de sociedades, pagando las facturas a través de los bancos que luego le devolvían el importe en dinero negro.

Es entonces cuando Hacienda denunció en el juzgado a José Manuel Costas como el eje de la estafa, implicando como colaboradores a dos de sus hermanos. Utilizando las sociedades del conglomerado del grupo de Las Cinco Jotas, se emitieron facturas falsas utilizando hasta 300 trabajadores a los que dieron de alta como autónomos para tributar en régimen de estimación objetiva. Estos “moduleros”, según el fiscal, eran en su mayor parte ciudadanos rumanos que desconocían incluso el idioma y a cuyo nombre se emitían y se recibían facturas falsas de sociedades del grupo y otras ficticias para aparentar actividad económica de compras y gastos.

De las 101 causas que derivaron de la instrucción contra empresas que supuestamente participaron en el fraude, 100 han sido enviados a los juzgados de lo penal para enjuiciamiento. Queda una de ellas pendiente de la comisión rogatoria enviada a Sudamérica, por lo que aún están pendientes de celebrarse al menos siete juicios en los próximos meses, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Con respecto a la causa matriz o principal de la trama, en la que está implicado el empresario fugado y sus hermanos, este se encuentra en trámite de apertura de juicio. El procedimiento consta 45.800 folios de instrucción y en ella están también imputados varios directores y empleados de oficinas bancarias. A lo largo del procedimiento, y a partir del auto del 8 de mayo de 2012, se incoaron 101 piezas separadas de las que nueve han sido sobreseídas. De las 75 piezas enviadas al Juzgado de lo Penal correspondiente, ya se han celebrado 62 juicios, habiendo recaído sentencia condenatoria en todos los casos y de las cuales 40 de las sentencias dictadas ya han adquirido firmeza.