Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Junts pel Sí amenaza con llevar al Constitucional al Tribunal de Derechos Humanos

Tres miembros del partido culminan el informe demandado sobre la votación de la comisión del Proceso Constituyente

Carles Puigdemont, junto a Carme Forcadell.
Carles Puigdemont, junto a Carme Forcadell.

Tres de los cuatro miembros de Junts pel Sí en la mesa del Parlament entregarán hoy en el Tribunal Constitucional sus informes para defender su apoyo a la votación de las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente del pasado mes de julio. Apelarán a la “libertad de expresión y al derecho de representación” de los diputados para evitar las sanciones (de hasta 30.000 euros y posibles inhabilitaciones) que pesan sobre ellos por obviar una resolución del tribunal de garantías y atender la demanda de Junts pel Sí y de la CUP para que se votara el texto. Además, advierten de una posible denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Constitucional ya suspendió la resolución a principios de este mes de agosto.

A la espera de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, presente sus alegaciones las próximas semanas, hoy lo harán Lluís Corominas, vicepresidente, y Anna Simó y Ramona Barrufet. El Constitucional les reclamaba un informe en el que explicaran sus actuaciones y si ellos consideraban que habían cumplido el auto que reclamaba evitar la votación y advertía de la toma de medidas contra los miembros de la mesa. Ellos argumentan que la mesa no tiene que controlar el contenido de las iniciativas parlamentarias y que su trabajo se circunscribe al cumplimiento del reglamento de la Cámara.

Además de esa defensa, los tres diputados de Junts pel Sí explicaron ayer que si presentan el informe es por la defensa de las instituciones catalanas, porque es necesario respetar “dos derechos fundamentales” como serían la libertad de expresión y el derecho de representación. También, porque la presentación del informe les da recorrido en el futuro para acudir “a instancias superiores”, según señaló Corominas.

Esa es la advertencia que se encuentra en la presentación del informe, que Esquerra Republicana pretendía evitar como otra fórmula de desobediencia al Constitucional. Ayer, Anna Simó aseguró que presentar el documento les habilita para llevar al tribunal de garantías ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el argumento de que peligra la división de poderes y que la resolución del Constitucional es “artillería política vestida de artillería jurídica del Gobierno popular”.

Corominas, Simó y Barrufet censuraron que Forcadell pueda ser sancionada por la vía penal, como defiende la fiscalía. Los tres aseguraron que hubieran actuado como lo hizo la presidenta de la Cámara, quien durante el pleno repitió que se podían votar las conclusiones —que pautan un posible proceso independentista con “un mecanismo unilateral”— porque “el pleno es soberano”.

Otro de los argumentos esgrimidos en sus informes es que se pueda sancionar a cargos electos a través de una reforma del Constitucional que está recurrida y que está pendiente de resolución.

Tras las vacaciones estivales, los miembros de la mesa del Parlament se reunirán hoy por primera vez para decidir si finalmente se presentan unas alegaciones conjuntas de la cámara, si bien la división es total en un órgano de gobierno controlado por Junts pel Sí (cuatro miembros), pero en el que también hay miembros de Ciudadanos, el PSC y Catalunya Sí que Es Pot. Corominas explicó que se tomará una decisión tras analizar los informes de los servicios jurídicos de la Cámara.

El socialista David Pérez, también miembro de la mesa, presentó también ayer su informe ante el Tribunal Constitucional, pero evitó hacer públicos los argumentos con los que intenta defender su actuación. Anteriormente lo hizo el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, quien dijo que la votación se produjo en “fraude de ley” y lanzó las responsabilidades sobre Forcadell.