USOC creó un entramado para desviar fondos de su cooperativa

La pésima situación económica de USOC, el tercer sindicato de Cataluña que en 2013 tuvo que ceder el control a una gestora, tiene varias aristas. Los Mossos que investigan el caso señalan como líder indiscutible de un supuesto entramado de desvío de fondos de subvenciones, administración desleal y delito contra los trabajadores a la anterior secretaria general, Antonia Gil. Según la policía catalana, el sindicato construyó además un entramado desde el que desviar dinero de la Cooperativa d’Habitatge Social, que presidió el marido de Gil, Francisco Giménez, que a su vez tuvo representación en varias compañías investigadas.

La policía catalana asegura que el reguero de cooperativas, sociedades limitadas, entidades sin ánimo de lucro y el propio sindicato se usaron para “solventar y justificar actividades fuera de la legalidad, tales como pagos sin declarar, traspasos de dinero injustificables y uso indebido de subvenciones”. Y señalan varias operaciones inmobiliarias “poco claras en beneficio de alguna persona pendiente de confirmar”.

En el caso de la cooperativa de viviendas, los Mossos describen tres contratos dudosos. Esta se crea en 1997 para ofrecer a los afiliados del sindicato viviendas a precios ajustados, en parte gracias a que el sindicato tiene acceso a suelo público de Incasol.

En ese contexto, la Cooperativa contrata a la empresa Gestió Integral de l’Habitatge (GIH) para que les asesore en materia “administrativa, jurídica, técnica, económica, fiscal-contable y comercial”. El contrato, que firma Francisco Giménez como presidente de la Cooperativa, y el presidente de GIH, establece que la empresa se lleva el 10% del valor de construcción de las promociones. La compañía tiene más clientes, pero los Mossos apuntan la estrecha relación con la cooperativa: uno de los miembros del consejo de administración es el arquitecto habitual de la cooperativa y miembro del consejo rector de la misma. Además, en 2010, el jefe del departamento comercial de GIH, Marià Coll, sustituyó a Giménez como presidente de la cooperativa, a quien la empresa compró cinco inmuebles.

Pero GIH necesita a su vez asesoramiento, y contrata a Serveis i Gestió Imatge, el administrador de la cual es el mismo Giménez. Y lo hace para que le aconseje en materias para las que supuestamente se contrató a GIH, como “asesoramiento en todos los temas relacionados con la gestión de cooperativas, tanto de carácter legal como económico”. Por todo ello, Serveis i Imatge se llevaría el 33% de lo que ganase GIH con la cooperativa.

Serveis i Imatge es la compañía que hacía labores de publicidad y reprografía para USOC. Pero poco a poco fue “adquiriendo nuevas competencias y un mayor protagonismo, debido a la relación de confianza entre el máximo representante de ésta, Francisco Giménez, y su mujer, la señora Antonia Gil, anterior secretaria general de USOC”, recoge uno de los informes de Mossos.

“Todo parece indicar que Serveis i Imatge era un mero instrumento del sindicato para desviar dinero de la Cooperativa hacia USOC” para “abonar sueldos tanto a miembros el sindicato como a los miembros del consejo rector de la Cooperativa d'Habitatge Social USOC”, como sospechan que pasó con el Aula de Formación del sindicato, a la que Mossos investigan por el presunto desvío de parte del dinero obtenido de subvenciones para cursos de formación. Serveis i Imatge tenía cuatro trabajadores en nómina, tres de ellos de la Cooperativa d’Habitatges Socials.

El tercer contrato circular, en el que los Mossos ven cómo el sindicato acaba redirigiendo recursos hacia su estructura es uno de alquiler. USOC ofrece a GIH el uso de sus locales allí donde haya promociones y no tengan un sitio físico para gestionarlos. A cambio, recibirá 1.200 euros por cada obra. Por último, la policía catalana señala una transacción entre otra de las empresas, Habitatge Lloguer USOC, nuevamente administrada por Giménez. La Cooperativa cedió siete fincas a la empresa, con cargas hipotecarias.

El caso, que instruye el juzgado número 2 de Barcelona, sigue abierto, y mantiene a 40 personas en calidad de investigadas. Antes de verano, la juez declaró la causa compleja y está previsto que los Mossos tomen declaración a todos los implicados.