Este aparcamiento pudo frustrar un Gobierno

El hoy diputado en la Asamblea, anteriormente concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, al que pertenece La Florida, estuvo imputado durante varios meses hasta que, solo dos días antes de las elecciones de 2015 a las que concurrió como número siete de la lista del PP, los demandantes retiraron la querella contra él con la promesa, aseguran, de que el político revisaría un informe municipal que daba carpetazo a la demolición. Ballarín ha declinado hacer cualquier comentario sobre este asunto.

Y todo por un aparcamiento construido en 2000 y que excede “los parámetros de la licencia concedida al construirse sobre rasante en espacio libre de parcela sin estar licenciado y sin guardar las distancias del retranqueo”, es decir, la separación mínima que debe haber entre un edificio y el terreno de al lado, en este caso, una parcela de 400 metros cuadrados propiedad de una empresa familiar llamada Ciasa. Así lo dice una sentencia de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba al Ayuntamiento a restaurar “la legalidad urbanística”.

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Sin embargo, han pasado otros nueve años y el conflicto sigue abierto. Los propietarios del edificio, Corporación Financiera Alba, el brazo inversor del grupo Banca March, explican que lo compraron en 2001, que no tuvieron conocimiento del fallo de 2007 hasta dos años después y que entienden que ya lo han cumplido porque en 2012 tiraron una parte del forjado, varios pilares metálicos y escaleras, además del acceso de peatones al sótano. Así lo certificó un informe municipal en 2014.

Todo el techo

Pero los dueños de la parcela afectada insisten en que no es así, que hay que tirar todo el forjado del techo del garaje subterráneo, que asoma por encima del suelo. Y el fallo judicial del pasado febrero anula aquel informe municipal y les vuelve a dar la razón en primera instancia. El Consistorio actual, gobernado por el equipo de Ahora Madrid que sucedió el verano pasado al del PP, ha recurrido esta decisión porque sus servicios jurídicos consideran “que todas las actuaciones del Ayuntamiento han cumplido con la legalidad”, dice una portavoz.

“Es una cuestión de justicia”, dice Álvaro García Luján, consejero delegado de Ciasa. Explica que el aparcamiento deprecia su propiedad y asegura que durante 16 años han intentado llegar a un acuerdo ofreciendo tres soluciones como alternativas al derribo: que el Ayuntamiento les expropiara el terreno, que se lo permutara por otro o que les dejara construir en él, lo cual requiere que el Consistorio cambie su actual calificación, ya que está inscrito como vial.

Un portavoz de Corporación Alba asegura que cuando se reunieron con ellos el acuerdo ya era imposible, pues existía aquella sentencia firme de 2007 que había que cumplir. En todo caso, llegados a este punto, añade García Luján, todo eso ha quedado atrás. “Ya estoy harto de tanta tomadura de pelo; que se cumpla la sentencia y lo tiren”, dice.

También explica por qué acabó poniendo una querella contra varios miembros del Ayuntamiento. Pese a que la primera sentencia fue firme a finales de 2007, no fue hasta 2010 cuando el Ayuntamiento firmó la orden para que se aplicara. Algún tiempo después, la Subdirección General de la Edificación del Ayuntamiento preguntó a los servicios jurídicos si el cumplimiento del fallo debía pasar ineludiblemente por la demolición o si bastaría con la aprobación de un Estudio de Detalle (trabajo que define volúmenes edificables y señala alineaciones y rasantes). Los juristas contestaron en junio de 2011 diciendo que podría servir, pero advirtieron:: “La motivación tendría que ser especialmente exhaustiva, habida cuenta de la existencia de un pronunciamiento judicial que hay que ejecutar en sus estrictos términos, sin que sea admisible que el Estudio de Detalle se elabore con la finalidad de eludir dicho pronunciamiento”.

Informe polémico

Así, el siguiente capítulo ya es ese informe municipal de junio de 2014 que daba por buenas las obras hechas por la dueña del edificio y archivó el asunto. Y motivó, de paso, que Ciasa se querellara por presunta prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia contra el gerente de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca y dos técnicos. La querella también apuntó a Álvaro Ballarín, concejal presidente del distrito de 2007 a 2015. La juez le imputó con los demás en un procedimiento que coincidió con la campaña electoral a la que concurrió como número siete del PP y para la que coordinó el programa de su partido.

Cifuentes insistió durante la campaña en que nadie en sus listas estaba imputado. No era así y le pudo costar la negociación para conseguir el imprescindible apoyo de Ciudadanos para convertirse en presidenta. Pero en el último momento Ciasa retiró la querella contra Ballarín. El 26 de mayo la magistrada acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él. Ciudadanos apoyó y Cifuentes fue presidenta. La defensa de Ballarín siempre mantuvo que él no intervino en la orden de demolición, ni siquiera tenía conocimiento de la misma, ni en el archivo del expediente, firmados ambos por el ada tuvo que ver ni con la orden de demolición, pues fue el gerente del distrito quien firmó ambos documentos.

Ahora, el procedimiento contra el gerente y los técnicos sigue adelante, y la parte contencioso administrativa se sigue alargando con el recurso del Ayuntamiento. “Si la sentencia de apelación confirmara la de primera instancia, el Ayuntamiento tendría que dictar una nueva orden delimitando el alcance al que debe extenderse la demolición, lo que podrá ser objeto de nuevas impugnaciones si las partes consideran que la orden que se dicte no se adecua a la legalidad”, explica el portavoz de Alba.

Mientras, García Luján clama por que la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, intervenga “para hacer cumplir la legalidad urbanística”.