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PUEBLOS

El secretario de Meco acusa al alcalde de eliminar los debates de las actas

El PSOE cree que el regidor pretende impedir que se tenga constancia por escrito de las deliberaciones de los ediles

Plaza de la Constitución de Meco, con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción al fondo. Ampliar foto
Plaza de la Constitución de Meco, con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción al fondo.

Las actas de varios plenos de Meco, elaboradas por el secretario del Ayuntamiento, han sido sometidas a aprobación sin las intervenciones que los ediles han realizado en las sesiones. El alcalde, Pedro Luis Sanz (PP), las ha enmendado porque considera su redacción demasiado “extensa y literal”. El secretario municipal ha remitido a todos los grupos políticos un informe en el que expone la situación a la que se enfrenta, que impone limitaciones a su función “libre, autónoma y responsable”. El PSOE cree que el regidor pretende impedir que se tenga constancia por escrito de las deliberaciones de los ediles.

Uno de los cometidos del secretario municipal consiste en levantar actas de las sesiones plenarias, en las que se registran los pormenores de las reuniones públicas de la Corporación. El borrador redactado se somete a la aprobación de los diferentes grupos políticos en el siguiente pleno. Es allí donde los ediles, incluido el alcalde, pueden expresar sus objeciones y proponer la rectificación si se detectaran errores. Así sucedía en Meco (13.269 habitantes), hasta que el alcalde, Pedro Luis Sanz, ha comenzado a presentar enmiendas a la totalidad a varias actas, de tal forma que tampoco se pueden inscribir en el Libro oficial del Ayuntamiento.

El secretario ha remitido a finales de julio a todos los grupos políticos, alcalde incluido, un informe en el que expone la situación a la que se enfrenta, que impone limitaciones a su función “libre, autónoma y responsable” como fedatario público. El funcionario entiende que aprobar las actas sin las intervenciones de los ediles no se corresponde con la legalidad. Es una documentación que constituye un todo del que no se pueden excluir las opiniones vertidas por los concejales, por ser un relato de lo sucedido con efectos jurídicos, explica. En todo caso, añade en el escrito, serían los miembros del pleno los que deberían juzgar y resolver si existen errores o están mal redactadas.

A juicio del PSOE, las trabas impuestas por el alcalde tienen como telón de fondo unas intervenciones de la oposición que el regidor considera “incómodas”, y que no desea ver reflejadas en los papeles. “Hay falta de transparencia, no hay forma de que nos entreguen documentos que pedimos y ni siquiera disponemos de las grabaciones de los plenos que son obligatorias”, aseguran. Los socialistas pidieron el pasado 14 de mayo por escrito los audios de “todas las sesiones celebrados desde el 27 de agosto de 2015”, fecha en la que se estableció el sistema por imperativo legal. Aún están a la espera, dicen. “Las grabaciones no son oficiales, motivo por el que no se las podemos entregar, pero estamos buscando una solución”, responde Laura Martín, primera teniente de alcalde.

En cuanto a las enmiendas del alcalde a las actas, la edil explica que “antes ocupaban unos 20 folios y ahora han pasado a ser de 70”. El problema sobrevino con la grabación de los plenos. El secretario elaboraba los informes usando sus notas manuscritas, mientras que “ahora dispone de más información y recoge las intervenciones de forma literal cuando la ley apunta a que se haga de forma sucinta”, comenta Martín. El funcionario manda al alcalde el borrador así elaborado, y “él dice no, y se vota el acta sin las intervenciones”, reconoce Martín.

Un regidor con 13 años de experiencia

Pedro Luis Sanz accedió al cargo de alcalde en las elecciones municipales de 2003. Desde entonces ha revalidado su puesto al frente del Partido Popular (PP).

La actual Corporación municipal está formada por nueve concejales del PP, tres del PSOE, dos de la formación Se Puede Meco, uno de IU, uno de Ciudadanos y uno de Ganemos. Esto supone que Sanz goza de mayoría absoluta para poder sacar adelante todas sus propuestas.

El municipio tiene empadronados en la actualidad 13.269 (6.674 hombres y 6.595 mujeres). Se encuentra situado a 39 kilómetros del centro de Madrid, lo que le hace dependiente en gran parte del transporte público. El municipio importante más cercano es Alcalá de Henares.

Quejas del regidor

Las quejas provienen solo del regidor, porque el secretario no ha recibido ninguna comunicación al respecto de otros miembros de la Corporación, compuesta por nueve ediles del PP, tres del PSOE, dos de Se Puede Meco, uno de IU, uno de Ciudadanos y uno de Ganemos, asegura en el escrito.

Las relaciones del alcalde con algunos de los miembros de la oposición no viven sus mejores momentos. El PSOE asegura que “hay malas prácticas” y los tres ediles han dejado de asistir a los plenos. “Ahora nos convoca por correo electrónico, pero los ediles de la oposición, aunque tenemos despacho, no tenemos ni un ordenador y, por supuesto, tampoco dirección de correo electrónico oficial”, explican. Una muestra más de la “prepotencia del alcalde”, opinan. Sanz gobierna en Meco desde 2003 y revalidó su mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales. El representante de IU, Juan García, asegura que llegan a producirse descalificaciones personales por parte de Sanz en los plenos.

Desde el Ayuntamiento se defienden: “somos una administración sin papeles y los socialistas nos han prohibido usar la vía telemática por lo que les estamos notificando los plenos con un pendrive y la policía les avisa en la Casa Consistorial”. En cuanto a la falta de ordenador, Martín admite que no tienen, pero les han puesto uno a disposición en secretaría. La edil se excusa indicando que “nunca han tenido, funcionamos con la inercia de otras legislaturas en las que no ha habido ningún problema”.

El pueblo lleva a la Comunidad ante los jueces

El Ayuntamiento de Meco no está dispuesto a pagar los 84.878 euros que le pide el Consorcio Regional de Transportes (un organismo autónomo de la Comunidad de Madrid) como pago del 50% que le costaba al Gobierno autonómico mantener una línea de autobús del pueblo deficitaria. El pueblo debe, según el Gobierno regional, el 50% del importe que ha implicado mantener en funcionamiento el trayecto que conectaba el pueblo con la estación de Cercanías. Presentaron un recurso potestativo de reposición en el que manifestaban su disconformidad, pero la Comunidad lo rechazó. Ahora dan un paso más, y han presentado un recurso contencioso-administrativo.

En diciembre de 2015, el Ayuntamiento envió una carta al consejero de Transportes, Pedro Manuel Rollán, en el que le indicaba que “no estamos de acuerdo con una línea que no hemos solicitado, ni hemos participado en su funcionamiento, ni en los horarios, ni en las frecuencias, ni en el recorrido…”. Motivos por los que no les parecía “sensato que se nos quiera hacer participar en el copago de la misma”. La línea se encuentra suspendida y ya no existe ningún medio de transporte que acerque a la estación.

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