Colau afronta un intenso curso con cuestiones clave por cerrar

Los problemas con la venta ambulante ilegal en Barcelona y los intentos para frenar los pisos turísticos irregulares han dejado poco espacio para la descompresión este verano al equipo de la alcaldesa Ada Colau. Pero si el verano está siendo intenso, no parece que el otoño vaya a ser más tranquilo.

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El pleno del Ayuntamiento de Barcelona del pasado mes de julio evidenció que el gobierno de Colau cerró el curso sin avanzar en las grandes cuestiones que tiene sobre la mesa. El ejecutivo se ha reforzado con la entrada de los cuatro concejales del PSC, que dan aire a los 11 de Barcelona en comú, tanto en las diferentes áreas de gobierno como en la gestión de los distritos. Sin embargo, la alcaldesa sigue sin tener garantizada la mayoría en el pleno. Además, la entrada de los socialistas también introduce puntos de vista discordantes en algunos planes clave del equipo de Colau, que deberá esforzarse en encontrar consensos en el seno del gobierno y con el resto de grupos. Los que siguen son algunos de los proyectos pendientes de perfilar.

El plan de hoteles. El ejecutivo, que lo vio venir y se curó en salud prorrogando la moratoria hotelera hasta julio de 2017, afronta la redacción definitiva del Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que fijará donde pueden abrirse nuevos hoteles, albergues o pensiones. Sobre pisos turísticos dice que ni uno más. Ante la falta de apoyos entre la oposición, todo el mundo da por sentado que para sacarlo adelante Colau deberá flexibilizar el plan, porque se lo exige incluso su socio de Gobierno, el PSC. La versión definitiva, con toda probabilidad, acabará permitiendo grandes obras de reforma sobre la planta hotelera actual y modificará las áreas de restricción inicialmente previstas.

Hoja de ruta turística. En los últimos mandatos se ha repetido la escena: llega el alcalde, de color político diferente al anterior, y mete en un cajón el Plan Estratégico de Turismo que el otro había dejado acabado o casi. Lo hizo Xavier Trias (CiU), que se afanó en preparar el suyo, sin contar con el que dejó el socialista Jordi Hereu; y lo ha hecho Colau con el de los convergentes. Como es obligatorio en los tiempos que corren, el plan se elabora tras un proceso participativo con todos los agentes implicados en el sector: vecinos, entidades, patronales, colegios profesionales y, claro, los grupos de la oposición.

¿Habrá nuevas tasas turísticas? El equipo de Colau comenzó reclamando nuevas tasas con la boca pequeña pero tras más de un año de mandato, el gobierno no esconde que quiere que, de alguna forma, los cruceristas y los turistas que solo pasan un día en Barcelona contribuyan a paliar los efectos de su presencia (limpieza, seguridad, presión concentrada en barrios concretos….). Los responsables de turismo lo están estudiando, dentro del marco competencial municipal. Una de las ideas que toma más fuerza es cobrar a los autobuses que aparcan en zonas habilitadas especialmente.

Negociar el presupuesto 2017. El equipo de Colau no escondía hace unos meses que tenía un as en la manga para no tener que pasar por pleno ningún presupuesto más en todo el mandato. De acuerdo a la ley, al estar en prórroga este 2016, podían imponer sus cuentas para 2017: hubiera sido feo, pero posible gracias a la LRSAL, la ley de racionalización de las administraciones locales, más conocida como Ley Montoro, de 2013. La misma ley hubiera permitido prorrogarlas en 2018 y 2019. Pero el Tribunal Constitucional ha tumbado el texto tras un recurso de la Junta de Andalucía.

Tras el plan de actuaciones, el de inversiones. Al Plan de Actuación Municipal, un documento que todos los alcaldes aprueban tras casi dos años de llegar al poder (y pese a llegar al poder con un detallado programa electoral), le sigue la concreción: el Plan de Inversiones. La madre del cordero, con calendarios y partidas para unas y otras obras o proyectos. Cuestiones que tienen en vilo a los vecinos. Un ejemplo: si habrá partida para la segunda fase del túnel de la plaza de las Glòries o cuánto se invertirá en las coberturas (parciales) de la Ronda de Dalt.

El plan de terrazas que flexibilizará la ordenanza que dejó Trias. Nada más llegar al gobierno, en septiembre pasado, el gremio de restauradores se rebeló contra Colau a propósito de la restrictiva ordenanza de terrazas que aprobó CiU pero cuya aplicación entra en vigor por fases: distancias entre sillas y mesas y el mobiliario urbano, respecto a la fachada... Los restauradores dicen que si se aplica como se aprobó cerrarán miles de terrazas. Van varias batallas de esta guerra, la última en los porches de la Boquería, entre restauradores y un gobierno en el que los socialistas intentaron poner paz. Collboni se estrenó en el cargo de segundo teniente de alcalde de Empresa con un plan de apoyo al sector. El desenlace pasará, con toda probabilidad, por fijar reglas por zonas (e incluso calles) de la ciudad, teniendo en cuenta su especificidad. Vale la pena tener en cuenta que los bares pagan apenas entre 30 céntimos y un euro por mesa al día.

Tranvía: ¿comenzarán las obras en 2017? Para llegar al tiempo al compromiso de la alcaldesa de iniciar las obras de la unión de los dos tramos del tranvía por la Diagonal los tiempos están ajustadísimos. En agosto salió el concurso para la redacción del estudio informativo, hasta octubre se pueden presentar plicas, se adjudicará a finales de año, el estudio se deberá presentar en cuatro meses, más exposición pública y debería estar aprobado en verano. Y mientras, lograr consenso político para sacar adelante un proyecto que levanta pasiones entre partidarios y detractores. El equipo de Gobierno ha confiado la estrategia al ingeniero, experto en movilidad (y convergente) Pere Macías.

Más para pacificar la movilidad: carriles bici y supermanzanas. El tranvía es solo una pieza de la estrategia del equipo de gobierno para pacificar el tráfico en la ciudad. Otras son las supermanzanas, comenzando por la del distrito de Sant Martí; y triplicar la red de carriles bici. Según las previsiones, este año debería haber 27 tramos más, con algunos tan ambiciosos como completar la Gran Via o resolver las plazas de Espanya y Mossèn Cinto Verdaguer.

La nueva ordenanza de civismo, una promesa electoral. Pese a ser una de las batallas del equipo de Gobierno en su pasado como activistas y de ICV (hoy en Barcelona en comú), el cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens, admitió antes de las vacaciones que la revisión va para largo. El ejecutivo no tendrá hasta febrero de 2017 una propuesta alternativa al polémico texto, aprobado en 2005 por el alcalde Joan Clos (PSC) y endurecido por Xavier Trias, que prevé multas a mendigos, prostitutas y clientes, el top manta, o por orinar o beber en la calle. Asens admitió que la alternativa no depende solo de los 15 concejales del ejecutivo, aunque abrió la puerta a introducir alguna modificación puntual al texto.

Una decena más de ambiciosos proyectos o complejas herencias. El listado de compromisos del ejecutivo de Colau es largo, y más si se suman conflictos heredados (Can Vies; el convenio del metro; el traslado de la cárcel Modelo, que depende de que la Generalitat ceda el solar para el nuevo centro de preventivos de la Zona Franca) o sobrevenidos (Banc Expropiat de Gràcia, consulta para decidir si Barcelona se adhiere a la Asociación de Municipios para la Independencia, a lo que el gobierno se abrió el 29 de julio). Entre los compromisos adquiridos: un buzón anticorrupciónpara denunciar anónimamente malas prácticas de la administración, perfilar la tasa para gravar el coste de comprobar si un piso está vacío, el operador energético municipal o el Plan de Barrios. El conflicto competencial a propósito del Centro de Internamiento de Extranjeros o el malestar de los servicios sociales del Ayuntamiento se suman a todo lo anterior.