Frente común de Barcelona y Madrid para exigir más autonomía local

Los ayuntamientos de Barcelona y Madrid han abogado por impulsar una agenda común para exigir al Gobierno central más autonomía y reclamar una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ha explicado el primer teniente de alcalde de la capital catalana, Gerardo Pisarello.

Ha resaltado en declaraciones a Europa Press que su objetivo es lograr "una mayor capacidad para decidir en asuntos como pisos vacíos y la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles" (IBI), avanzando hacia una mayor autonomía municipal y financiera.

Ambos ayuntamientos se reunieron a finales de julio y acordaron trabajar en este frente común, porque "hay mucho ámbito para recorrer de dos grandes capitales, con estatutos jurídicos parecidos y retos similares en materia de defensa de la autonomía".

Ha recordado que debaten con diversos ayuntamientos buenas prácticas y retos en estos asuntos, y ha apostado por "compartir ideas sobre una contratación más justa que favorezca a las pymes, y cuestionar leyes de ámbito estatal que han ahogado la autonomía local", entre las que ha citado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal).

"El Gobierno central no sólo ha recentralizado mucho con la excusa de la crisis, sino que lo ha hecho de forma muy poco dialogante. Creemos que hay que tener frentes comunes también de las grandes ciudades para combatir esta situación y buscar alternativas", ha defendido Pisarello.

Ha señalado que en este frente común también se incluye la exigencia de regular el mercado de alquiler privado: "La solución de fondo del asunto de la vivienda, mientras construimos un parque público a la altura de las grandes ciudades europeas, pasa por un cierto control y regulación de los alquileres abusivos".

Después de que los alquileres hayan subido alrededor de un 7% en Barcelona en un año, ha avisado de que "es necesaria esta regulación, y se deben usar todas las herramientas a nivel autonómico y estatal para abordar esta situación", en la que la mayoría de los desahucios se producen por impago del alquiler, según él.

Ha recordado que ciudades europeas como París y Berlín ya han tratado esta regulación, que asegura que no han vuelto a abordar con el Gobierno central, y ha pedido herramientas para evitar la expulsión de vecinos de los centros de las ciudades.

"La tendencia del incremento de los precios es muy preocupante. Como Ayuntamiento, pondremos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance" para garantizar el derecho a la vivienda, ha asegurado Pisarello, que ha recordado las cesiones de pisos vacíos que ha logrado el Gobierno de Ada Colau y las adquisiciones mediante el derecho de tanteo y retracto.

Pisarello ha insistido en que el Gobierno central "ha tenido muy poca sensibilidad municipalista y ha impulsado medidas que constituyen un ataque en toda regla a la autonomía municipal", y ha asegurado que lo que han hecho a menudo ha sido interpelarle para que cumpla sus obligaciones, como en el caso de los refugiados y del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca.

Ha avisado de que usarán todas las herramientas judiciales y administrativas para cerrar el CIE y, "si estas vías se cierran, se retratará mucho el papel del Gobierno central", que ataca la autonomía municipal incumpliendo la legalidad con la que se llena la boca, en sus palabras.

"Creemos que tiene un coste en términos de legitimidad del propio Gobierno central el hecho de que no sea capaz de escuchar este clamor y aplicar la legalidad en Derechos Humanos" ante el CIE, ha dicho Pisarello, quien ha advertido de que continuarán trabajando en nuevas vías y con otras ciudades para garantizar el cierre del centro.