El juez procesa a la patronal de Castellón por fraude

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules ha acordado procesar al secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón, Rafael Montero, y al que fuera director de Economía y Formación de la patronal castellonense, José Antonio Espejo, por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación.

El magistrado procesa también a tres empresarios que “se concertaron” con los responsables de la patronal castellonense para “beneficiarse económicamente” de las subvenciones para la ejecución de un plan de formación intersectorial. En el auto, el instructor procesa a los investigados por falsedad documental y por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

El juez ha decidido desimputar a José Roca, que dimitió esta misma semana como presidente de la patronal castellonense junto a tres vicepresidentes. Roca fue citado en su día a declarar como imputado ante el juzgado de Nules, pero ahora el magistrado Jacobo Pin no ha encontrado indicios de delito en su actuación.

Según el juez, “existen indicios” de que tanto Rafael Montero, siendo secretario general de la CEC y de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), como José Antonio Espejo como responsable de formación, se aprovecharon de sus cargos y simularon la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos.

El magistrado ha llegado a la conclusión de que las facturas emitidas “no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora y la CEC. Además, apunta que los empresarios responsables de las academias y centros de formación “retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido”. El juez considera que de los 1,5 millones pagados por la patronal carentes de justificación, 1,5 fueron retirados en metálico de las cuentas a las que se transfirieron.

En este mismo auto también se procesa a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC, a la patronal autonómica Cierval y a otras cuatro mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas mediante las que se desviaron 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de un total de 12 millones que recibió esta última de la Generalitat.

Durante todo el proceso, la justicia no ha conseguido localizar al empresario Álvaro García Osorio, por lo que no se incluyen en este auto los hechos presuntamente delictivos cuya autoría le pueda ser imputada. Este empresario recibió 1.027.59 euros de la CEC entre 2009 y 2012 a través de la empresa Consultora y Estudios AGP, a pesar de que “dichas supuestas facturas no respondían a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual”. El magistrado considera presuntamente responsables de estos delitos a los empresarios Rufino Martínez Nieto, Elodia Benedito Salvador y Elodia Salvador Benedito.

Este auto conocido hoy transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción que se derivó de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de julio de 2015. A partir de ahora, corresponde al fiscal decidir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.