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El Parlament aprueba la vía unilateral y desobedece al Constitucional

Junts pel Sí y la CUP hacen valer su mayoría absoluta en una cámara fracturada

La mayoría absoluta del bloque secesionista que integran Junts pel Sí y la CUP bastó ayer para que el Parlament consumara su desafío al Tribunal Constitucional al aprobar conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont. La unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.

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El Tribunal Constitucional advirtió en un auto el pasado 19 de julio de los riesgos de votar el texto que ayer se llevó al Parlament por sustentarse en la declaración de 9-N, ya declarada inconstitucional y pidió a la Mesa que lo impidiera. Por ello, el órgano de gobierno de la Cámara evitó incorporar el punto en el orden del día. Pero a mediodía, Junts pel Sí y la CUP se ampararon en el reglamento del Parlamento y demandaron debatirlo.

A partir de ahí se inició una bronca que puso de manifiesto una honda fractura en el hemiciclo. No solo porque quedó marcada una línea roja entre los escaños independentistas y el resto, sino también porque el resto de grupos evidenciaron sus propias diferencias: unos apostaron por abandonar el hemiciclo durante la votación (los 25 diputados de Ciudadanos y los 10 del PP); otros optaron por quedarse en el escaño y no votar (PSC) y los terceros votaron en contra de las conclusiones (Sí que Es Pot).

La cuestión de confianza, el 28 de septiembre

Puigdemont anunció ayer que ha escogido el 28 de septiembre para celebrar la cuestión de confianza, la prueba de fuego para su Gobierno. Puigdemont prevé reunirse en los próximos días con la CUP para alcanzar un acuerdo que le permita superar la moción y, así, evitar nuevas elecciones. Tras la aprobación de las conclusiones del proceso constituyente, Puigdemont lo debería tener más fácil para renovar el pacto de estabilidad que firmó en enero y que se truncó en junio cuando la CUP vetó los Presupuestos de este año. Los dos grupos dieron ayer otra muestra de complicidad al aprobar el proyecto de ley de la Agencia Catalana de Protección Social, la primera de las tres leyes de desconexión y la única de las llamadas estructuras de Estado que no tumbó el Constitucional.

Los 72 votos del frente independentista frente a los 10 de Sí que es Pot (la cámara cuenta con 135) validaron un documento que pauta la “desconexión” de Cataluña y que descarta que el Gobierno central le dé opciones de celebrar un referéndum pactado. Pero para muchos diputados la cuestión era más desafiar al Gobierno central y al Constitucional —tal y como sucedió con la consulta del 9-N— que aprobar los 11 puntos de los que consta el texto. La votación también traslada a la Cámara catalana parte de la presión que tenía el Ejecutivo de Puigdemont en el proceso.

<CS8.8>La sesión se inició con un hosco <CS8.8>enfrentamiento entre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la oposición sobre la </CS>posibilidad de incluir la votación en el orden del día. Antes de iniciar el debate sobre el contenido, los portavoces se enzarzaron en una discusión jurídica sobre la legitimidad para dar el paso. La mayoría de las intervenciones de la oposición se centraron en alegar que el auto del Constitucional es de rango jurídico superior al reglamento del Parlament. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, sostuvo que las conclusiones son un “desarrollo claro” del 9-N y que votarlas supone “pasarse eso por el arco del triunfo”. “Ser presidenta es asumir su responsabilidad y no solo cobrar 120.000 euros al año”, le espetó a Forcadell, que basó su réplica en apelar a la soberanía del Parlament. “El Pleno es soberano. Nosotros solo ordenamos el debate”, dijo.

La estrategia del bloque independentista fue, de hecho, proteger a Forcadell (se arriesga desde ser multada a ser inhabilitada) y trasladar la responsabilidad a los diputados. Por ello, la</CS> presidenta preguntó dos veces a los parlamentarios si eran conscientes del contenido del auto y respondieron que sí. Jordi Turull, de Junts pel Sí, apeló al mandato democrático del 27-S (fecha de las últimas elecciones autonómicas catalanas) y Anna Gabriel, de la CUP, afirmó: “No tenemos miedo”. Toda la oposición tomó el micrófono y pidió a los diputados que meditaran su propuesta. Tres miembros de la Mesa, en un acto inusual, intervinieron para frenar el debate. Sin resultados.

Lejos de la fractura que mostraron en el debate fallido de los Presupuestos, Junts pel Sí y la CUP defendieron alineados la unilateralidad. La republicana Marta Rovira esgrimió que los secesionistas obtuvieron el aval democrático el 27-S. “Y ese el mejor de los permisos. No entendemos que algunos grupos digan que no tengan base ciudadana”, señaló. Gabriela Serra, de la CUP, se expresó recordó que la declaración del 9-N ya consagró que el Parlament no debe supeditarse ni al Estado ni al Constitucional. “No es que lo queramos saltar: es ellos que se saltan siempre este Parlamento”, dijo. “No nos amenacen”.

Arrimadas reprochó a los independentistas que estaban quedándose solos. “Únicamente lo van a aprobar ustedes. Ustedes se están desconectando de Cataluña y de la mayoría de los catalanes”. El socialista Miquel Iceta mostró su “rechazo radical” al texto y defendió que solo busca “provocar el enfrentamiento entre el Parlament y el Constitucional” y “ponen las instituciones fuera de la ley”. Sí que Es Pot interpretó que las conclusiones son “el primer capítulo” de la cuestión de confianza de Puigdemont. Joan Coscubiela contrapuso los “fuegos artificiales” en Cataluña mientras que el Partit Demòcrata pacta con el PP en el Congreso.

Xavier García Albiol, del PP, subrayó que la votación fue un “golpe” contra el Constitucional y lo comparó a los métodos de Maduro en Venezuela. “Esto no les va a salir gratis. El Estado de derecho actuará: tardará más o menos pero lo hará. E intuyo que será menos que más”, avisó. Minutos después, el republicano Oriol Junqueras tomó el micrófono y pidió a Albiol que aclarara si tenía información privilegiada por parte del ministro del Interior o de algún fiscal. Se produjo una carcajada. Pero el popular ya había abandonado el hemiciclo.

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