Anulado el traslado de una mando de la Policía Municipal

Los cambios realizados por la Dirección General de la Policía Municipal, con su máximo responsable a la cabeza, el oficial en excedencia Andrés Serrano, causaron una protesta interna de todos los mandos. Los afectados ya anunciaron que presentarían diversas demandas e incluso querellas (se llegaría por tanto al ámbito penal) por haber hecho un proceso sin tener en cuenta los méritos y capacidades de los 60 integrantes de la escala técnica.

Desde diversos colectivos y por parte de algunos afectados se anunciaron una cascada de procesos judiciales para pararlo. El propio Andrés Serrano explicó el día de la celebración del patrón de la Policía Municipal, el pasado 24 de junio, día de San Juan, que estos cambios eran temporales y que se han hecho para respetar la legalidad. Serrano aseguró que en septiembre se hará una nueva reestructuración. “Ahora todo el mundo ocupa el puesto que le corresponde sin que haya personas puestas a dedo”, aseguró.

El primer revés judicial a este proceso le llega por un procedimiento especial por vulneración de los derechos fundamentales. En concreto, la recurrente, la oficial Rosa María García, asegura en su escrito de demanda que no puede desempeñar trabajos en la vía pública ni que supongan el porte de armas. Para ello presenta sendos informes de aptitud psicofísica laboral del pasado 8 de enero y de 19 de enero.

La juez, que no entra a valorar la realización de guardias como también solicitaba la mando, pondera en su resolución los intereses de la demandante y de los intereses generales. “No puede concluirse a raíz de los informes médicos que Rosa María García Durán se encuentre en este momento, y sin otra prueba que hubiera podido haber aportado la Administración en sus alegaciones, en condiciones aptas para el porte de armas o para el trabajo en la vía pública”, recoge el auto, que consta de siete páginas.

La magistrada hace una fuerte crítica a la Dirección General de la Policía Municipal, que “ha ignorado esos dos informes”. “Si la Administración está dispuesta en asumir los riesgos que puede suponer que Rosa María García Durán esté en un puesto operativo (trabajo en la vía pública) con porte de armas, lo cierto es que los intereses generales que deben valorar y ponderar esta juez en este momento procesal no pueden ser otros que los que representa la seguridad ciudadana”, argumenta Coque Sánchez.

La magistrada, de hecho, se basa en la seguridad ciudadana para estimar parcialmente el recurso de la oficial García Durán y anular su traslado: “Los ciudadanos tienen derecho a la prestación de un servicio público en condiciones de eficiencia y eficacia, y tal función debe ejercerse por funcionarios que entre otros requisitos deben cumplir sus funciones con capacidad”. Esto no ocurre en el caso de la mando policial, según la juez.

Ejecución del auto

El Ayuntamiento tenía cinco días para recurrir el auto, pero no lo ha hecho, según fuentes judiciales. Por tanto, ya es firme. De hecho, la mando ya ha pedido la ejecución inmediata del auto, según fuentes policiales.

Un portavoz del Área de Seguridad, a cuyo frente está Javier Barbero, ha reiterado a la vista del auto que acatan el fallo y que “toda persona tiene derecho a impugnar las decisiones de los mandos”. “Lo que se ha buscado con es eliminar la arbitrariedad que existía hasta ahora y ahora cada mando está conforme a su categoría”, añadió este portavoz.