La estrategia industrial de Andalucía prevé movilizar 8.000 millones
El plan pretende superar los 533.000 ocupados en este sector. La Junta pagará parte de la extra en septiembre a los funcionarios
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 para elevar el peso de la actividad industrial en la economía andaluza hasta al 18% del Valor Añadido Bruto (VAB) (3,12 puntos más), así como recuperar los niveles de empleo previos a la crisis hasta volver a superar los 533.000 ocupados, tanto en las empresas manufactureras como en las de servicios avanzados. Para ello, se prevé movilizar una inversión total pública y privada de más de 8.000 millones de euros, a través de nuevos instrumentos financieros y de incentivos al desarrollo industrial y la I+D+i.
La Junta pagará parte de la extra de 2012 en septiembre
El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de créditos por importe de 124,56 millones de euros, que se destinará, entre otras finalidades, a hacer frente a los compromisos acordados con los profesionales públicos para la restitución de los derechos suspendidos en 2012 por los recortes estatales. Estos recursos provienen del ahorro en intereses de la deuda que, durante el primer semestre del año, han producido las operaciones de refinanciación concertadas por la Administración autonómica.
La modificación presupuestaria dará cobertura a una parte del abono del 26,29% de la paga extraordinaria de 2012, que será efectivo en la nómina de los empleados públicos del próximo mes de septiembre. Se trata del segundo pago que se realizará este año, correspondiente a 48 días de la citada extra (los primeros 44 se abonaron en febrero).
La decisión se enmarca en el cumplimiento al acuerdo suscrito el pasado 2 de junio por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012 como consecuencia de la aplicación en Andalucía de las normativas estatales de reequilibrio económico-financiero.
Este acuerdo, suscrito con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y ratificado el 21 de junio por el Consejo de Gobierno, fija un calendario de restitución que prevé el pago de las cantidades pendientes de la extra de 2012 en las nóminas de septiembre de 2016 (48 días), febrero de 2017 (46) y febrero de 2018 (45).
Junto con ello, se establecen otras medidas como la recuperación progresiva de días adicionales de vacaciones por antigüedad, que se inicia este mismo año; la vuelta a la jornada laboral de 35 horas, que comenzará a aplicarse a partir de 2017; el restablecimiento en 2019 de las ayudas de acción social, o la restitución progresiva del 10% que se suprimió de los conceptos retributivos variables por consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada y carrera profesional, entre otros. Esta última medida se llevará a cabo durante los años 2018 y 2019.
Este calendario de devolución de derechos se suma a otras iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno andaluz durante los últimos meses en el mismo sentido. Así, los empleados públicos de la Junta perciben desde junio de 2015 la totalidad de sus pagas extraordinarias y desde el 1 de enero de este año sus retribuciones han crecido un 1%, el máximo permitido por la legislación estatal. También desde enero todo el personal con relación no permanente ha recuperado el 100% de la jornada de trabajo y las remuneraciones. Además, la Administración autonómica ha devuelto ya los días adicionales de permiso por asuntos particulares en función de la antigüedad.
Durante el plan 2018-2013, según la Junta, Andalucía recortó en 13,43 puntos porcentuales su diferencia con el conjunto de España en lo relativo al peso de la industria en la economía, y en tres puntos en relación con la aportación al VAB.
El diseño de la estrategia ha contado con el consenso de los principales agentes económicos y sociales, la participación de 35 expertos externos y un amplio trabajo de diagnóstico, con una muestra realizada entre más de 1.000 empresas de todos los tamaños y ramas de actividad.
Entre los puntos fuertes del sector en Andalucía, este estudio señala su capacidad para crear nuevas empresas y su diversidad; la dimensión del mercado interno; el nivel de formación de sus recursos humanos, y la progresiva presencia en los mercados internacionales. En cambio, como puntos débiles en los que se centrará la nueva planificación, se destacan la alta tasa de mortalidad de las empresas, su pequeña dimensión en conjunto, la baja densidad industrial y los escasos niveles de innovación, cooperación y exportación con regularidad.
A partir de este diagnóstico, se han fijado ocho ejes de actuación con 52 medidas y cuatro grandes objetivos: aumentar el empleo industrial; mejorar la innovación; incrementar la presencia en los mercados internacionales, y propiciar procesos de colaboración entre empresas, agentes del sistema regional de innovación y administraciones.
Estas metas se cuantifican en 17 indicadores. Además de los citados sobre aportación al VAB y recuperación de los niveles de empleo, destacan los de aumentar en un 20% las empresas de entre 10 y 50 trabajadores y reducir en un 5% la intensidad energética (relación entre el consumo y la producción), en un 10% la tasa de temporalidad laboral y en un 30% la de accidentes graves y mortales.
En el ámbito de la mejora de la innovación, las principales metas que se marcan son duplicar el número de empresas manufactureras innovadoras; elevar en un 20% la proporción de las actividades que las industrias dedican a estos objetivos; incrementar en un 50% el número de solicitudes de patentes nacionales, y duplicar el porcentaje de empresas del sector industrial incorporadas al mercado digital.
Industria exportadora
En cuanto a la internacionalización, se prevé aumentar en un 20% el número de empresas con volumen de exportación superior a los 50.000 euros anuales; en otro 20% el importe de las ventas al exterior de las industrias manufactureras; en un 50% la exportación de actividades de media y alta tecnología, y en un 30% la inversión extranjera directa en la industria manufacturera y en los servicios avanzados científicos y técnicos.
Para la consecución de estos objetivos, la estrategia incorpora una batería de instrumentos financieros y de servicios avanzados e infraestructuras de apoyo a la innovación y al emprendimiento, además de prever diversos avances en fiscalidad y la regulación normativa.
Respecto al apoyo financiero, la Junta ya está tramitando la nueva Orden de Incentivos al Desarrollo Industrial y la Creación de Empleo para los años 2016-2017, que primará aquellos proyectos que presenten un mayor volumen de puestos de trabajo. Esta prioridad permitirá ampliar el abanico del tipo de sectores, iniciativas y empresas subvencionables. Asimismo, se introducirán diversas novedades de agilización y simplificación de trámites, se flexibilizarán los requisitos mínimos de acceso a los incentivos y se prestará especial atención a proyectos de colaboración empresarial y del uso intensivo de las TIC.
Paralelamente, se aprobará también la nueva Orden de I+D+i para todo el periodo de la estrategia. Este marco de incentivos se dirigirá a proyectos que incrementen la competitividad de las empresas a través de tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos y a la creación de productos y servicios de mayor valor añadido.
La Estrategia Industrial de Andalucía 2020 contará con financiación comunitaria a través de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Igualmente, incorporará recursos de la Administración General del Estado vinculados a la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España.
En Andalucía hay más de 187.000 puestos de trabajo vinculados a la industria manufacturera (el 7,3% del total de personas ocupadas en la región), con un total de 30.000 firmas (el 6,6% de la comunidad autónoma). Sumando las 84.000 empresas que presentan servicios avanzados científicos y técnicos, igualmente incluidas en el ámbito de la estrategia, la cifra de empleo se sitúa en 442.000, alrededor de 90.000 por debajo de los niveles previos a la crisis económica.
Las actividades transformadoras de recursos naturales, fundamentalmente industria agroalimentaria, suponen entre el 35% y el 40% del total de firmas manufactureras. Les siguen las vinculadas a la producción de bienes para el mercado local, con un 20-25%.
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