El viejo mundo persigue al PDC

La dación en pago de las siglas CDC no es suficiente. La hipoteca del pasado llama a la puerta del nuevo Partit Demòcrata Català como si de la de Convergència Democràtica se tratara. Los independentistas republicanos de nuevo cuño deberán correr y profundizar mucho más en su renovación para evitar —siguiendo los consejos (¡oh paradojas!) del Mayo francés— que el viejo mundo les atrape. No es suficiente con pasar página y exhibir una síntesis de viejas y nuevas caras y que sigan mandando las más vistas. No basta con llamar asamblea a lo que hasta ahora era un congreso, en ese intento desesperado por hallar el mar bajo los adoquines. Hay que vencer el temor reverencial a desafiar a la autoridad que el pujolismo entronizó y que perdura. Se debe buscar un referente ideológico claro. Se acabaron lo tiempos de amalgamas tacticistas desde la socialdemocracia sueca teórica a los paraísos fiscales prácticos.

Cierto es que durante las sesiones congresuales afloró un conato de rebelión con la cuestión del nombre. El hecho de que las bases eligieran uno distinto del que proponía el líder se interpretó como un desacato. También se leyó como un paradigma del libre albedrío la etérea limitación de poderes que se impuso al ticket presidencial compuesto por Artur Mas y Neus Munté. El resto de lo ocurrido no alienta precisamente el triunfo de la razón sobre la fe. Una sola candidatura concurrirá a la presidencia. Nadie presenta una sola alternativa.

Ese mismo temor reverencial es el que ha impedido que la candidatura de Marta Pascal y David Bonvehí a la ejecutiva se materializara desde un primer momento. Nadie se movió hasta que el ungido por Mas, Jordi Turull, decidió no concurrir al cargo de coordinador general, una suerte de secretario general que lidera una ejecutiva de once miembros más. Turull, diputado brillante a la hora de desvelar los informes fantasma realizados durante el Gobierno tripartito, trató con exquisitez de súbdito a la familia Pujol ante la comisión parlamentaria contra el fraude fiscal, instancia que consideró “un parque mediático para desgastar al presidente”. Ahora Mas ha señalado a los pacientes renovadores Pascal y Bonvehí como sucesores autorizados. Sólo un núcleo de militantes, procedentes del Reagrupament de Joan Carretero, que se asoció a CDC, se ha atrevido a desafiar la ley de gravedad y han mantenido una candidatura —la de Ignasi Planas— a liderar la ejecutiva.

El nuevo Partit Demòcrata Català —veremos si el Ministerio de Interior no acaba con esa libre expresión de la militancia— ha dejado en manos de un histórico convergente, Jacint Borràs, las siglas CDC. Hay que desvincular el viejo negociado del nuevo cuando hay tantos casos judiciales —familia Pujol, Palau, tres por ciento, Lloret…— pendientes de liquidación. El nuevo PDC debe nacer sin mácula.

Pero hay demasiado viejo mundo —¿vieja política?— en el nuevo PDC. El término “renovación” es tan polisémico que incluso se presentó una candidatura retirada en el último minuto y encabezada por Germà Gordó, ex consejero de Justicia, ex gerente de Convergència en la época de vacas gordas de las donaciones al partido y hombre que se postulaba —aseguran— como relevo al inestable Artur Mas en sus almuerzos con empresarios. Hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido, sentenció el democristiano alemán Konrad Adenauer.

En la dilatada hoja de servicios de Gordó figura, cuando era consejero de Justicia, el fichaje de Xavier Martorell como responsable de prisiones. Martorell dimitió de su cargo en mayo de 2013 por el escándalo de la famosa firma de detectives Método 3, que “le regaló” —según la versión del imputado y de la agencia— informes confidenciales de seguimiento de, entre otros, dirigentes de su propia formación política, una pasión que Martorell desarrolló en otras encarnaciones anteriores: cuando fue nada menos que director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat (1996-2004) o jefe de seguridad del Barça de Joan Laporta (2008-2011).

Y hablando de renovación, la última hazaña conocida de Gordó, como ha publicado esta semana EL PAÍS, ha sido informar favorablemente —con argumentos falsos— para ceder un hospital a una empresa privada que previamente hizo un donativo de 80.000 euros al partido. Todo sucedió durante el mandato del viejo Artur Mas. Pero el nuevo Carles Puigdemont no ve ninguna irregularidad en ello. Todo es legal. Definitivamente, el Partit Demòcrata Català deberá crear urgentemente una comisión de ética. No basta con proclamarse republicanos e independentistas para dejar de ser la vieja Convergència.