Borràs y la PAH se enfrentan por la ley antidesahucios alternativa

Dos meses y medio han tardado la Generalitat, las entidades municipalistas, juristas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en alumbrar la ley exprés y alternativa a la norma antidesahucios recurrida por el Gobierno central. La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, anunció este jueves que ya hay un texto de consenso, si bien la PAH se ha desmarcado. Los activistas creen que las medidas son lentas y se pierden “derechos” ya alcanzados en el texto suspendido por el Tribunal Constitucional.

Borràs explicó ayer en TV3 que se prevé utilizar la fórmula de expropiación temporal del uso de la vivienda, de entre cuatro y diez años, para darle un fin social a los pisos vacíos de bancos y fondos de inversión. El precio lo fija un jurado de expropiación y el trámite es largo. Ahí radica precisamente la crítica de la PAH, que considera que se pierde rapidez.

Grandes tenedores

Carlos Macías, portavoz de la PAH, también afeó que la nueva ley hace más restrictiva la definición de gran tenedor de vivienda, excluyendo a los particulares. “El 80% de los desahucios son por alquiler”, recordó el activista. “Se pierden aspectos básicos para corresponsabilizar a la banca”, agregó.

Borràs aseguró que si bien la nueva ley implicaría una mayor partida presupuestaria para hace frente a las expropiaciones, éstas se pueden compensar con que las entidades bancarias se vean obligadas a entregar los pisos en condiciones para entrar a vivir. Macías recordó que esta figura de expropiación ya existía en la anterior ley de vivienda catalana, derogada por CiU y PP en 2011, y que nunca fue operativa.

La propuesta de la Generalitat rescata el alquiler social obligatorio y lo limita a tres años. Además recurre al Código de Consumo para crear una alternativa a las mediaciones de sobreendeudamiento. Borràs explicó que se espera aprobar la ley en septiembre y que ahora estará en exposición pública. “Estamos bastante de acuerdo con el redactado final”, dijo Josep María Montaner, regidor de Vivienda de Barcelona pero matizó que no ayudó en su redacción.