Louzán dice que su acusación por cohecho es “una persecución política”

El expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán (PP) ha calificado de “persecución política” la acusación que ha presentado contra él la Fiscalía por un presunto delito continuado de cohecho pasivo por el que pide para el político un año de prisión y dos años y dos meses de suspensión de cargo público por recibir dádivas de otro político, también del PP, Severino Reguera, a través del sobreprecio en el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo a cambio de promocionarle políticamente.

En declaraciones a Europa Press al término de un acto de la Federación Galega de Fútbol (FGF) que preside desde hace un año, Louzán se mostró convencido de que la próxima semana sus abogados podrán rebatir el escrito de acusación del fiscal y ha anunciado que responderá de forma "contundente" a las acusaciones.

La Fiscalía de Pontevedra dio traslado a las partes la pasada semana sus conclusiones provisionales y pidió la apertura de juicio oral con tribunal popular al juzgado de Cambados que instruye la causa. En su escrito también encausa a la mujer de Louzán, como propietaria de los bajos comerciales en régimen de gananciales, y al concejal del Ayuntamiento de Pazos de Borbén y exdiputado provincial, Severino Reguera, que alquiló los locales para ampliar su empresa de panadería, Brunopán, en la zona de Vigo. Reguera afronta una condena de un año de prisión por un delito continuado de cohecho impropio.

"Esto es una cuestión de persecución política y se irá comprobando con el tiempo de que no hay ningún dato ni documentación que lo acredite", ha afirmado Louzán ande los medios. El exbarón del PP considera que la causa es "todo son una serie de conjeturas que hace el fiscal, y de conjeturas no se puede vivir", apostilló.

El actual asesor del PP a sueldo de la Diputación, además aseguró que tiene en su poder “un montón de documentos que prueban su inocencia” y que ya han sido presentados en el Juzgado de Cambados entre los que se incluyen, según Louzán, contratos de la misma fecha, de superficies parecidas y con el mismo fin comercial que prueban que Severino Reguera no pagó un sobreprecio por los locales.

Asimismo, ha indicado que es una cuestión "puramente personal” de unos inmuebles comprados hace diez años a una cooperativa, no a un constructor, a través de una hipoteca que todavía está pagando y ha añadido que "ningún testigo" llamado a declarar en el caso "ha dado pábulo" a las acusaciones de cohecho.

Louzán tuvo que abandonar la presidencia del ente provincial después de la pérdida de votos que sufrió el partido en las pasadas elecciones municipales. En marzo pasado también renunció al acta de concejal en Ribadumia.

La acusación, que partió de una denuncia anónima que entró en la Fiscalía hace más de tres años, se centra en que el matrimonio Louzán Cores pactó con Reguera el alquiler de los tres bajos comerciales en Vigo por encima del precio del mercado y por el que perciben una cantidad superior a la cuota del préstamo hipotecario.

El fiscal pide también el decomiso de los locales porque cree que los alquileres responde a una operación económica pactada a cambio de los favores y cargos políticos que recibió Reguera del expresidente de la Diputación.