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La fiscalía pide abrir juicio a Louzán por cobrar favores a otro político

Solicita para el expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual responsable de la Federación Galega de Fútbol un año de prisión y dos de suspensión de empleo

Louzán y Feijóo, durante un desayuno informativo en 2013.
Louzán y Feijóo, durante un desayuno informativo en 2013.

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado acusación por delito continuado de cohecho pasivo y la apertura de juicio con tribunal popular contra el exbarón del PP Rafael Louzán, que durante 12 años dirigió la Diputación y es el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol. Le acusa de recibir favores, a través del cobro del sobreprecio de unos alquileres, del exdiputado del ente provincial durante su mandato Severino Reguera, concejal del PP en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén “cuya proyección política dependía del presidente”, sostiene la acusación.

Louzán, que también trabaja de asesor del partido a sueldo del organismo provincial desde que perdió la Diputación tras el batacazo electoral del PP en las pasadas elecciones municipales, afronta una condena de un año de prisión y otro de inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo. Además, si finalmente se confirma su condena que conlleva la suspensión de empleo público por el tiempo de dos años y dos meses, el político de Ribadumia –con al menos otra imputación en la causa de la Operación Patos que investiga presuntos amaños de contratos públicos- podría verse apartado de su actual cargo en el ámbito político (por el que percibe 45.000 euros anuales) y también en el deportivo, según las fuentes consultadas.

La acusación, que partió de una denuncia anónima que entró en la Fiscalía, se dirige igualmente contra su mujer, María Teresa Cores Fernández, como colaboradora necesaria en el delito de cohecho, para la que el fiscal pide nueve meses de prisión e inhabilitación especial y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público. Según la acusación del ministerio público, el matrimonio, en régimen de gananciales, pactó el alquiler de tres bajos comerciales en Vigo por encima del precio del mercado al concejal popular y empresario de panadería Severino Reguera, que se enfrenta a una condena de un año de prisión por un delito continuado de cohecho impropio.

El fiscal de delitos económicos Augusto Santaló pide el decomiso de los locales del matrimonio Louzán que le alquilaron a la empresa de panadería de Reguera, Brunopán, porque cree que responde a una operación económica pactada a cambio de los favores y cargos políticos que recibió Reguera del expresidente de la Diputación.

La defensa de Rafael Louzán ha insistido que la causa, abierta hace más de dos años, “es fruto del empecinamiento del fiscal” y que la operación responde a la ley del libre mercado de la oferta y la demanda, negando un pacto tácito entre ambos políticos. “Actuó como cualquier otro ciudadano en el marco de actividades propias de su vida particular y nunca fue beneficiario de un arrendamiento en función de su cargo”, argumentó su abogado

La cronología de los hechos presuntamente delictivos arranca en agosto de 2008, cuando Louzán y su mujer compraron los locales por 460.122,50 euros sin IVA a sabiendas de que Severino Reguera se los iba a alquilar. En realidad habían reservado cinco bajos contiguos pero el concejal compra solo dos por importe 358.340 euros, pagando luego mucho más por el alquiler de lo que le hubiera costado comprarlos, según la versión del fiscal.

Para realizar la entrega de la fianza a la entidad vendedora, Reguera prestó a Louzán 103.748,42 euros. Tras alquilar los bajos, estos se unieron a los de Reguera, pasando a formar de uno solo con el nombre comercial “Boutique del pan". “Hecho que acredita que el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos”, incide el fiscal.

Reguera, como dueño de la sociedad con domicilio social en Ribadumia, firmó con la mujer de Louzán el contrato privado para alquilar los tres locales situados en el barrio vigués de Teixugueiras, por 10 años y a un precio de 3.584 euros mensuales más IVA. Subraya el fiscal el dato de que, excepto en el primer año de arrendamiento, el precio abonado por Reguera por los alquileres superó el de la amortización de las cuotas hipotecarias, a pesar de que Brunopán tuvo pérdidas significativas, en 2011 y 2012, y “a pesar de ello, siguió pagando los incrementos pactados del precio del arrendamiento, contrastando con la rebaja de alquileres que se produjeron fruto de la crisis”.

Otro indicio de cohecho descrito es el precio del arrendamiento del metro cuadrado en la zona, que según un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, es más del doble que otros similares. “No parece razonable una diferencia tan abultada, y no se explica el motivo por el que Brunopán” no compró o alquiló otros bajos a precios más competitivos. Otro informe de la Agencia Tributaria constata que Reguera pagó un 60% más por los bajos de Louzán, lo que supone que hasta finales del 2013, Brunopán, SL abonó a los arrendadores 89.000 euros más, “lo que supone un premio injustificado para ellos”, apunta el fiscal.

En el orden político, el fiscal deja constancia de que las relaciones entre Louzán y Reguera alcanzaron más actividades y conexiones que las recogidas en este escrito y que son objeto de otras investigaciones judiciales. Se refiere a la empresa Construcciones Alfredo Vidal, vinculada por lazos de parentesco con Reguera, y a la que se le adjudicaron obras durante el mandato de Louzán en la Diputación

En 2010 se le adjudicó la urbanización de la plaza del Concello de Pazos de Borbén, y, en 2011, la del área recreativa en Moscoso y la construcción de la piscina municipal. En uno de los proyectos se incumplió el requisito inicial del plazo, “una falta de seriedad” que no fue obstáculo para realizar las obras y que investiga un juzgado de Pontevedra.

Louzán ha declinado comentar el escrito del fiscal y se ha limitado a subrayar que el caso partió de una denuncia anónima "con la intención de desprestigiarle personal y políticamente".