Interior reabre el CIE de Barcelona pese a la orden de cierre de Colau

La alcaldesa advierte al Ministerio de que puede multarle o precintar el CIE si lo reabre

El CIE de la Zona Franca de Barcelona.Vídeo: M. Minocri / EL PAÍS VÍDEO

El Ministerio del Interior decidió este jueves precipitar la apertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona, después de que la alcaldesa Ada Colau ordenase el cierre alegando que no tiene una licencia de actividad adecuada. El CIE llevaba ocho meses clausurado por unas obras de reforma instadas judicialmente para cumplir con los derechos de los internos. Desde entonces, Colau dejó clara su intención de que no volviese a funcionar. “Es una provocación y un menospreció al Ayuntamiento”, criticó el teniente de alcalde Jaume Asens, que tomará medidas “coercitivas”, como multar o precintar el centro. Llegado este último caso, el precinto se notificaría con 48 horas de antelación.

El pulso entre ambas administraciones empezó el miércoles por la tarde, cuando la alcaldesa Colau llamó a la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, para decirle que había dictado una resolución conforme ordenaba el cierre. Al día siguiente, el Ayuntamiento envió una notificación formal a la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, a las diez y media de la mañana, el teniente de alcalde Asens, un abogado reconocido en su lucha contra este tipo de instalaciones, dio una rueda de prensa en la que dejaba claro que no pensaban permitir la reapertura del CIE, que definió como “un agujero negro de la democracia”. “Tiene una licencia para unas actividades que no se corresponden con lo que hacen”, dijo, y citó como ejemplo que en la definición de las mismas constaba una enfermería para animales o una galería de tiro. El CIE de la Zona Franca abrió en 2005 y desde entonces “ha estado en situación irregular, fuera de derecho, sin licencia ni satisface los requisitos de seguridad”.

Prácticamente a la vez, desde el Ministerio se fraguaba la respuesta al desafío municipal. Pasada la una de la tarde, se comunicaba oficialmente a los policías que trabajaban en el CIE, que se encontraban en nuevos destinos, que debían presentarse a primera hora de la mañana de hoy en las instalaciones. El Ministerio todavía no lo reconocía oficialmente, pero eso de facto suponía el primer paso para la reapertura.

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Dos horas después, y ya de manera oficial, la Delegación del Gobierno informaba de la reapertura, que se hizo efectiva a las cuatro de la tarde. Al complejo llegaron los primeros policías, aunque el centro no estará a pleno rendimiento hasta dentro de unos días, cuando se trasladen a los internos que se reubicaron en los CIE de Valencia y Madrid. También avisó a la Fiscalía, a los juzgados que tutelan la instalación —el 1 y el 30 de Barcelona— a la juez decana de la ciudad, y advirtió que recurrirán judicialmente la decisión del consistorio. Su principal argumento es que una instalación de ese tipo no necesita licencia de actividad.

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La contienda acabó con otra rueda de prensa municipal. “Es una provocación y un menosprecio al Ayuntamiento de Barcelona”, criticó Asens, que compareció flanqueado por concejales de ERC, CiU, PSC y la CUP, que apoyaron la decisión del ejecutivo municipal. Explicó que el primer paso que darán será comprobar que realmente se ha retomado la actividad. Luego decidirán si multan o si decretan el precinto de las instalaciones.

El CIE cerró el 5 de noviembre del año pasado después de que los jueces que lo supervisan ordenasen una serie de mejoras en el centro, como que las habitaciones tengan baños, que se pueda regular el agua de las duchas, que no haya objetos punzantes o que se eliminen las separaciones físicas en las salas de visitas.

El Parlamento catalán, la Generalitat, el Ayuntamiento y la plataforma Tanquem els CIE’s aprovecharon para pedir que no se volviese a reabrir el centro porque consideran que vulnera los derechos de las personas que por cometer una infracción administrativa, como no tener regularizada su residencia en España, pueden estar 60 días encerrados y luego ser deportados.

El Ministerio ya advirtió en todo momento que lo reabriría. Y señaló que la instalación era fundamental para expulsar a inmigrantes con antecedentes policiales o aquellos con condenas que se les conmuta por la expulsión. La Policía señaló que de las 366 personas que expulsaron del CIE de Zona Franca, 362 tenían antecedentes. Asens rebatió que Barcelona ha funcionado ocho meses sin CIE y no ha pasado nada. Aun así, fuentes policiales aseguran que se han seguido derivando inmigrantes a los centros de Valencia, Madrid y Murcia, lo que ha provocado saturación en los mismos.

Interior tenía previsto inicialmente que la infraestructura funcionase de nuevo el 14 de junio. Y así se lo hizo saber los policías, que empezaron a prepararse. Pero después de que la fecha se hiciese pública, el Ministerio reculó y pospuso la reapertura a después de las elecciones.

A partir de entonces todo fue una gran incógnita. Desde la Jefatura, no acabó de darse una fecha definitiva a los agentes. Y la situación pasó de “apertura inminente” a quedar postergada por “flecos administrativos”. Fuentes policiales aseguran que la puesta en marcha precipitada de ayer respondió únicamente a la ofensiva del Ayuntamiento.

“Todo el apoyo a Ada Colau y al cierre del CIE. Se demuestra, sin embargo, que para vivir sin CIE tenemos que vivir antes sin un Estado en contra”, escribió a través de Twitter el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. La titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, también se postuló a favor del cierre del CIE y pidió que se busquen otras fórmulas para tratar el problema de los extranjeros en situación irregular. Asens avisó de que en septiembre técnico del Consejo de Europa visitarán el CIE para comprobar si cumple con los estándares de Derechos Humanos.

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