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El juez del caso Innova pide 8 millones de fianza civil al Tripartito de Reus

El Consistorio creó una sociedad, Shirota, para sanear las cuentas de una empresa local

El exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez Ampliar foto
El exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez

El juez del juzgado de Instrucción 3 de Reus, que instruye el caso de presunta corrupción sanitaria Innova, pide una fianza de responsabilidad civil de 8 millones de euros para el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y más de una decena de ediles socialistas, de ERC y de ICV que gobernaron Reus entre 2007 y 2011. En total, las fianzas civiles suman 144 millones de euros. El juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de una pieza separada del caso Innova, y les acusa de haber echado mano a las arcas públicas de Reus para favorecer un negocio local, La Morella Nuts. Todo se hizo gracias a una “huida del derecho administrativo”, dijo el propio exalcalde ante el juez, bajo el paraguas del entramado de empresas municipales de Reus, Innova, “diseñado para que no hubiese ningún tipo de control”, argumenta el instructor del caso.

El foco se encuentra en otra empresa, Shirota Functional Foods, una sociedad de investigación nutricional fundada con capital público y privado a quien el Ayuntamiento avaló con tres millones de euros a través de créditos bancarios. Todo ello, pese a que el Consistorio no tenía mayoría accionarial en la empresa ni mucho menos garantías de devolución del dinero.

Shirota fue creada en 2007, época de gasto sin límite en las Administraciones, para la obtención de “nuevos alimentos funcionales, con propiedades saludables”, publicitó entonces el Consistorio, formado por un Tripartito del PSC, ERC e ICV. El nombre de la compañía quiso ser un homenaje al médico japonés Minuro Shirota, que inventó lo que se considera el primer alimento funcional, un yogur probiótico.

Pero pese a los anuncios edulcorados, la realidad era otra, desgrana el auto. Shirota fue un fiasco y el Ayuntamiento, es decir, los ciudadanos, acabaron asumiendo todas las pérdidas. La constitución de Shirota se hizo con “oscurantismo”, “falta de transparencia”, de espaldas al pleno, dice el juez, y presuntamente con una intención muy diferente de la manifestada por los políticos en público: El Ayuntamiento tenía interés en crear Shirota para ayudar a una empresa local de frutos secos, La Morella Nuts, que había ganado una subvención para participar en un proyecto del Ministerio de Sanidad. “Para poner en marcha ese proyecto, la Morella Nuts necesitaba aportar otros tres millones de euros y propuso al Ayuntamiento de Reus que a través de Shirota se inyectase tal cantidad”, detalla el auto. Así, Shirota se fundó participada en un 48% por la Morella Nuts y entre los accionistas figuraba también, además del Consistorio , la Universidad Rovira i Virgili.

La creación de Shirota se hizo mediante un cúmulo de presuntas irregularidades y con informes externos inexistentes. “El objetivo fue descapitalizar Shirota y absorber todo su patrimonio para sanear las cuentas de La Morella Nuts”, afirma el juez Diego Álvarez de Juan. De hecho, en un manuscrito incautado durante el registro judicial de Shirota se encontró la frase: “Objetivo: inversores se quedan el aval”. Tras estas operaciones, “han desaparecido más de 4 millones de euros con unas ventas que no han superado los 155.000”, desgrana el auto remitido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Por todo el fiasco financiero el juez mantiene investigados por supuesto blanqueo, prevaricación y malversación a los anteriores gestores de Innova y del Gobierno de Reus, entre los que se encuentran el exalcalde Pérez, el exdirector de Innova, Josep Prat, y su mano derecha, Ester Ventura. Entre los investigados también se encuentran los 14 exediles del PSC, ERC e ICV que contribuyeron a dar luz verde a Shirota, y la exsecretaria de Innova, Natalia Torrell.

Cada uno de ellos, 18 personas en total, deberán presentar fianza de responsabilidad civil de 8 millones de euros, a depositar antes del 30 de septiembre, y de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes. El juez recrimina a algunos ediles que actuaran con "ignorancia deliberada" permitiendo "que varios millones de euros saliesen de las arcas municipales".

El caso Innova acumula ya 14 piezas separadas, además de la principal, y más de 110 imputados.