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Gas Natural plantea un registro de clientes alternativo a la ley de pobreza energética

Las eléctricas insisten en una reforma estatal para evitar diversas leyes autonómicas

El despliegue de la ley contra la pobreza energética sigue bloqueado. A pesar de que no fue recurrida por el Gobierno central, las eléctricas se resisten a aplicarla al considerar que el texto no es unívoco. Es por ello que Gas Natural Fenosa ha hecho una propuesta alternativa de un registro de clientes vulnerables y la reforma del bono social.

“La ley está abierta a interpretaciones”, argumentan desde la empresa. Tal es el caso del principio de precaución, que establece que, antes de cortar, la suministradora tiene que verificar que el cliente no sea vulnerable. Esta medida, dicen, limita su capacidad de cobro. Es por ello que proponen el registro, que permitiría hacer una lista de esos clientes y que se alimentaría con información de las Administraciones, entidades sociales y las suministradoras. Esto, aseguran, derivaría en una mejor gestión y aplicación de los protocolos ya firmados.

Una portavoz de Endesa asegura que están dispuestos a estudiar la propuesta y desde Iberdrola la ven como “complementaria”. La Generalitat responde que “no tirarán la toalla” para hacer aplicar la ley tal y como está aprobada.

En Gas Natural tampoco ven claro el fondo que establece la ley para pagar las facturas pendientes: “Esto no arregla el problema estructural”, dicen. La empresa tiene ahora 8.460 clientes catalanes a los que no les corta y su deuda, que asumirán las diversas Administraciones, asciende a 2,1 millones de euros. Iberdrola tiene 312 pero no explica a cuánto asciende la deuda acumulada.

La reforma del bono social es el mecanismo que todas las empresas ven como el más idóneo para ayudar a las familias. Con ello buscan evitar que cada Comunidad Autónoma haga una propia ley, algo que aseguran que vulnera la unidad de mercado actual. Entre Endesa, Iberdrola y Gas Natural (con menos cuota de mercado) tienen casi 176.000 clientes catalanes con el bono social. Sin contar a Iberdrola, las compañías destinan para ello 13,3 millones de euros (el 98% de Endesa). Incluir un criterio de renta, aseguran, haría más eficiente la ayuda que ahora reciben muchas familias numerosas que no tienen que ser vulnerables de por sí.