No hay complot sin dos

Las conversaciones secretas Fernández Díaz-De Alfonso constituyen uno de los episodios más putrefactos de nuestra democracia.

Han pasado dos semanas y en este tiempo tanto el ministro del Interior como el director de la Oficina Antifraude de Cataluña se han podido explicar a gusto. Perfecto. Ninguno de ambos ha descalificado las grabaciones por inexactas, ninguno ha afirmado que lo allí reflejado fuera falso.

Solo han intentado deslegitimarlas por “sesgadas” o por haber sido sacadas “fuera de contexto”. Pero si fuese el contexto lo que hubiese fallado, lo que dice el texto va a misa. Así que las cintas no sirven solo de apoyatura creíble para un relato periodístico verosímil, sino también veraz. Y más: indicios a tener en cuenta en un eventual proceso criminal.

No sucede cada día que un ministro y un magistrado dedicado a luchar contra el fraude comploten para fabricar pruebas endebles o falsas; para publicitarlas en medios propagandísticos afines aún sin perfilarlas, al objeto de arruinar prestigios ajenos; para propiciar juicios paralelos a rivales políticos por el solo hecho de serlo; para perseguir ideologías.

El encargado de la seguridad de todos (pero que es incapaz de garantizar siquiera la suya) y el perseguidor de nuestros delincuentes (que cae en prácticas tan fraudulentas como algunos de estos) se concitan entre sí. No lo hacen para intercambiar información, sino para manipularla, para politizarla y para destruir a personajes públicos.

Menuda inseguridad nos provee Fernández (y si acaba recalando en la embajada ante el Vaticano, ¡cuidado, cardenales, con vuestros refajos!), menuda inquietud nos provoca De Alfonso, que alberga la intención de volver de rositas a la Magistratura, y ante quien nadie sensato querría convertirse en justiciable.

Sus prácticas encajarían en los tipos penales de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, y sobre todo, prevaricación, el delito de la autoridad que consiste en tomar decisiones a sabiendas de que son injustas.

El destino judicial de este asunto dependerá en gran medida de la valentía de los fiscales y de su hartazgo ante el principio de subordinación jerárquica que el Gobierno retorcido a esclavista anulación del libre albedrío.

Más allá de la gravedad jurídica del caso, está la política. A saber, “el uso sistemático de los aparatos del Estado para librar una guerra sucia contra adversarios legales y pacíficos, buscando la destrucción moral de sus principales líderes sobre la base de asociarlos falsamente con prácticas corruptas, fraudulentas y delictivas”, como mejor no podía escribirse y lo hizo Joan B. Culla en estas páginas (1/7/2016).

Ahora bien, muchos comentaristas parecen obviar que un complot, conspiración o conjura exige al menos dos protagonistas. Junto a la evidente responsabilidad del presunto ministro del Interior, figura el servil colaboracionismo del director de la Oficina supuestamente Antifraude de Cataluña, ya moderando los impulsos de su interlocutor, ya exaltándolos, ya implorándole cautela: un triple asco.

En efecto, ante la intención declarada de Fernández de filtrar elementos policiales o manipular a fiscales para perpetrar publicaciones interesadas, Daniel de Alfonso aconseja “dosificar” la información; ante las presuntas dudas del ministro, se declara español, oprobiosamente “por encima de todo”; en vez de procurar la mejora de la Administarción, se refocila por haber “destrozado el sistema sanitario” catalán; y proclama su vocación de verdugo sin vergüenza: “Soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal”.

Claro que el presunto magistrado se sabe culpable vulnerable: “soy español por encima de todo, pero a mí me hunde” la filtración que pretendía el filtrador.

La conjura no quedó en mera conversación íntima de mesa camilla. Algunas de sus pistas —no todas falsas— llegaron a conocimiento público. Con algunas de las más zafias se perjudicó, bulo en ristre, a personajes de prestigio personal indiscutido, como el entonces alcalde de Barcelona.

Pero su responsabilidad no es exclusiva “del Estado” (por el Gobierno español), pues no hay complot sin dos. Lo es también de la Generalitat, porque el nombramiento de De Alfonso fue realizado a propuesta personal del propio Artur Mas. Y este no solo no ha asumido —tampoco— ninguna responsabilidad política ante tanto dislate, sino que cabalga la campaña del enemigo exterior. Ni siquiera ha pedido perdón público a sus propias víctimas más cercanas. Como Xavier Trias.