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Brigadistas de Seaga denuncian que no saben cuándo empiezan a trabajar

El 1 de julio comienza la campaña de alto riesgo de incendios forestales en la comunidad

Empleados de la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos, SA, (Seaga) se han concentrado este miércoles ante el Parlamento gallego para reclamar trabajo "digno" y para denunciar que siguen sin saber cuándo comenzarán a trabajar en la campaña contraincendios, a pesar de que este 1 de julio arranca ya la campaña de alto riesgo de fuegos.

Decenas de brigadistas se han concentrado ante la Cámara -en una jornada en la que se debatirá una iniciativa parlamentaria sobre su situación-, mientras han hecho sonar sus bocinas y realizado cánticos reivindicativos tras una pancarta en la que se podía leer: "Tres meses de traballo, nove meses de fame".

Después de que la semana trabajadores de Seaga denunciasen que la Xunta todavía no ha realizado la encomienda de los 500 efectivos de esta compañía pública para la lucha contra el fuego, el presidente del comité de empresa Pontevedra, Josafat Puente, ha censurado que siguen "todos" los trabajadores "sin contratar".

Aunque la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, avanzó el martes que la contratación de Seaga irá al Consello de la Xunta de este jueves, Peter Brea, delegado de la CIG por A Coruña, ha lamentado que no se ha informado de ello a los trabajadores, al tiempo que ha avisado de que esa encomienda "no significa que se vaya a trabajar ya, eso lo que significa es que estuvieron esperando todo lo que pudieron y no dijeron nada".

Sobre esta cuestión, el secretario nacional de la CIG-Servizos, Paulo Rubido, ha incidido en que montar el dispositivo "supone un mínimo de 15 días" y "no hay absolutamente nada hecho", por lo que no se prevé que hasta "el 15 o 20 de julio" pueda estar listo.

De hecho, los servicios jurídicos de estos trabajadores estudian, en caso de que por parte de la Administración gallega se retrase "de forma deliberada" la encomienda, demandar a la Xunta "por fraude".

Precisamente sobre esas demoras en la contratación, la pasada semana una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró el derecho del personal con contrato indefinido discontinuo de Seaga a que sus periodos de actividad coincidan, "cuanto menos", con los periodos en los cuales se encuentre vigente la orden de ejecución de las encomiendas administrativas suscritas por la empresa con la Consellería competente.

Seaga retrasó en 2015 los llamamientos del personal durante 20 días y adelantó la finalización de los contratos en 15 días, por lo que en total privó del derecho a trabajar y a cotizar un total de 35 días a los más de 500 operarios de la empresa. Por este motivo, Paulo Rubido ha reiterado que la Xunta deberá indemnizar con "un millón de euros" a los trabajadores de la compañía pública.

Por tal motivo, tacha de "esperpento" que la Xunta vaya a "pagar a trabajadores que quieren trabajar, pero que se les paga sin que realicen trabajo efectivo, es decir, la administración va a tirar, como quien dice, un millón de euros a la basura".

Asimismo, ha lamentado que la Xunta "parece que sí que toma nota de la sentencia del TSXG" por el retraso en la encomienda, en lo que considera "una maniobra intencional" de la Consellería de Medio Rural y "del personaje, que es el responsable de esta situación, Tomás Fernández Couto".

Sobre este extremo, lamenta que se "va a priorizar la situación de represalia" a los empleados en vez de la prevención de incendios, a pesar de que "ya cambió el tiempo" y hay viento del norte, por lo que "va a haber incendios estos días" y "parece que eso importa muy poco".

El presidente del comité de Lugo de Seaga, Héctor López, ha llamado la atención sobre la "precariedad" que padecen estos trabajadores, ya que solo trabajan tres meses al año, lo que provoca que "la gente se está yendo", pues el año tuvieron "más de ciento y pico bajas" y este año se va en el mismo camino, lo que provoca una menor profesionalidad y eficacia en los incendios al tener que formarse nuevos trabajadores.

En este sentido, el presidente del comité de empresa Pontevedra de Seaga, Josafat Puente, ha lamentado que esto se produce en un dispositivo en el que no se apuesta por el personal "profesional" y "fijo", sino que se da el trabajo a "ayuntamientos y Tragsa". "Antes éramos 2.000 (en Seaga), ahora somos 500, si seguimos así tendemos a desaparecer, que parece que es lo que quiere la Xunta", ha censurado.

A renglón seguido, Peter Brea critica que esas bajas se producen por un estado "insostenible", pues empleados se encuentran en una situación "desesperada", ya que no tiene prestaciones y "no puede trabajar tres meses y nada más".

Además, Josafat Puente, ha criticado que este año se adjudicaron "11 millones de euros" a empresas privadas para realizar labores de prevención en vez de encargar más labores a la compañía pública Seaga.

Al respecto, ha recriminado las palabras del director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto, que en sede parlamentaria defendió que la Xunta haga diversas contrataciones de empresas privadas para labores de prevención contra el fuego porque las tarifas de la compañía pública Seaga "no son más baratas".