El Consejo creado hace siete años de ayuda a los emigrantes solo se ha reunido una vez

La vida del Consejo fue tan efímera, que alguno de sus miembros no recuerda haber formado parte de él, ni siquiera haber asistido a esa única reunión, que presidió el exconsejero Francisco Granados el 25 de julio de 2010 y que calificó de “francamente productiva”. Sin embargo, el organismo continúa existiendo y contando con representantes de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de la Federación de Municipios y de asociaciones en el exterior, al no estar extinguido legalmente.

Se creó como un órgano consultivo y deliberante, que dependía de la Agencia Madrileña de Emigración (AME), otra iniciativa de la Comunidad de Madrid que murió en diciembre de 2011, a los cuatro años de nacer. El Gobierno regional enmarcó la formación del Consejo en la necesidad de abrir un debate para conocer cuáles eran los problemas de los madrileños fuera y cuáles eran las actuaciones que se podían poner en marcha desde Madrid para ayudarles.

Era época de vacas gordas, en la que los madrileños residentes fuera del país se habían convertido en una prioridad para Granados, que en aquel momento gozaba del favor de la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. Hacía y deshacía, bien posicionado como hombre fuerte de Aguirre y responsable de la cartera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional. En la actualidad, el juez Eloy Velasco le mantiene en prisión desde el 31 de octubre de 2014 e investiga su implicación en la operación Púnica.

El Gobierno de Cristina Cifuentes se desentiende de estas iniciativas, en las que, asegura, no ha tomado parte. Fuentes de la Consejería de Presidencia, dirigida por Ángel Garrido, explican que fue uno más de los proyectos que se llevaron a cabo en otro momento, y que no tiene nada que ver con el actual equipo. Una vez que Aguirre liquidó la AME, el Estado asumió sus objetivos, también los que tuviera el Consejo. “Que es quien tiene las competencias en emigración”, concreta el mismo portavoz.

El Decreto que regula su puesta en marcha considera a los emigrantes madrileños como “un capital social de primera magnitud” motivo por el cual se quería llevar a cabo el desarrollo de una “política integral de emigración de la que puedan beneficiarse estos ciudadanos”. Por ese motivo, era necesario contar con un instrumento legal que diera “cobertura” a su análisis, seguimiento y relaciones con la Administración madrileña.

En la reunión del Consejo en Manzanares El Real se tomaron decisiones, enfocadas principalmente a promover la comunicación entre todos los integrantes del organismo para diseñar una agenda de eventos, que permitiera a su vez contactar con el mayor número posible de personas, y darlos a conocer. Otro de los puntos tratados se refería a que se informara a las casas regionales de las visitas institucionales, de empresas o alcaldes, para que las pudieran aprovechar.

Fuentes cercanas a la AME aseguran que el Consejo de Madrileños en el Exterior formaba parte del Plan de Ayuda a la Emigración de la Comunidad de Madrid más amplio y ambicioso, y que la constitución del organismo les llevó mucho tiempo, debido a que eran solo tres personas. Se planificaron reuniones del Consejo una vez al año. Pero no dio tiempo a convocar más que una, debido al cerrojazo de Aguirre. Con esta decisión, se acabó la relación que había establecido Madrid con las casas regionales en otros países, a las que se subvencionaba. Fue una época de viajes, apertura de casas regionales, apoyo a las existentes, que supuso al mismo tiempo un rédito de votos para el Partido Popular desde el extranjero. Muchas de los lugares de reunión que se ayudó a abrir, ya no existen, ante la falta de subvenciones cerraron sus puertas y otras cuentan con una actividad residual.

Cuando Aguirre suprimió la Agencia, en plena crisis económica, Granados ya había caído en desgracia. La expresidenta le había destituido de su cargo de secretario general del PP en Madrid, que ocupaba desde hacía 11 años, de forma fulminante y por sorpresa en noviembre de 2011. El desencuentro entre Aguirre y Granados dejó ver la cara en el mes de mayo del mismo año, tras las elecciones generales la presidenta le dejó sin cartera y le ofreció ser portavoz del PP en la Asamblea, cargo que rechazó.