Granados dio 47.000 euros en publicidad a una revista gallega que lo entrevistó

La empresa pública Arpegio, controlada por el exconsejero de Presidencia Francisco Granados, dio su mayor contrato publicitario de 2007, por valor de 47.000 euros, a un grupo mediático investigado por la presunta financiación ilegal del PP orensano dentro de la Operación Pokémon. Según las facturas, el objeto del contrato eran unos publirreportajes sobre Madrid, pero lo único que se publicó fueron informaciones sobre el Gobierno regional y una entrevista a página completa al propio Granados.

Los gastos de Arpegio, la empresa pública creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre para gestionar el suelo de la región, no dejan de deparar sorpresas. El sumario del caso Púnica revela cómo Granados utilizó su presupuesto público para pagar bienes y actividades que nada tenían que ver con sus fines, como conciertos de música o cestas de Navidad para los conocidos del político y su esposa.

Los gastos publicitarios de Arpegio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, desvelan también pagos a medios de comunicación radicados fuera de Madrid, como el mayor contrato firmado en 2007, por 47.050 euros, que fue a parar al grupo orensano La Región. Según las facturas que conserva el Gobierno madrileño, ese dinero sufragó publirreportajes mensuales en la publicación La Región Internacional a un precio de 6.000 euros la página.

Según fuentes de La Región, se trataba de promociones sobre “diferentes aspectos de la Comunidad de Madrid”, similares a los que se publicaron sobre otras autonomías. Estas fuentes no dan más detalles, porque aseguran que no conservan los ejemplares de ese año y que el concepto de las facturas es genérico.

El análisis de los ejemplares depositados en la hemeroteca muestra que no se publicó ningún publirreportaje sobre Madrid en La Región Internacional, una publicación para emigrantes españoles, con una tirada de unos 7.000 ejemplares en 2007. Las únicas referencias a Madrid son noticias, generalmente positivas, sobre la política del Gobierno de Esperanza Aguirre con los emigrantes madrileños.

Entre ellas destaca una entrevista a página completa con el propio Granados, entonces consejero de Presidencia, que se tituló “Queremos ofrecer los mismos servicios a los emigrantes que a quienes viven en Madrid”. En el mismo número, de 19 de marzo, otra página titulada “Los emigrantes madrileños tendrán la tarjeta que garantiza la atención sanitaria en España” iba ilustrada por una fotografía de Aguirre y Lucía Figar, entonces consejera de Inmigración.

El contrato con La Región supone casi el 40% de los gastos en publicidad de Arpegio en el ejercicio 2007. Una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la que depende actualmente Arpegio (llamado Nuevo Arpegio y que será extinguida según ha anunciado la presidenta, Cristina Cifuentes), asegura que desconoce por qué se contrató publicidad fuera de la Comunidad de Madrid, que no conservan los ejemplares e insiste en que “ocurrió en época de Granados, con otro Gobierno”, también del PP.

David Marjaliza, supuesto cabecilla de la trama Púnica junto a Granados, ha implicado en su declaración al actual consejero, Jaime González Taboada. Asegura que este cobró mordidas en el Plan Prisma que gestionaba el suelo de la región en colaboración con Arpegio.

La investigación, dentro del caso Pokémon, de la supuesta financiación ilegal del PP de Orense desde 2003, salpica al grupo mediático La Región. La juez Pilar de Lara sospecha que una empresa del grupo, Telemiño, participó con la emisión de facturas falsas en la financiación ilícita del PP. Así lo asegura en un auto de 2014 en el que requirió a La Región la entrega de documentación. Según fuentes de este grupo mediático, entregaron las facturas y no han vuelto a saber nada más del asunto.

Este conjunto de empresas gallego no volvió a recibir publicidad de Arpegio. En los años siguientes, la principal empresa con la que se contrataron las inserciones fue Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, según acredita un listado obtenido por el diputado autónomico Miguel Ongil, de Podemos, tras una petición de información.

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