Trias pagó el alquiler de los okupas en contra de la Intervención

La Intervención del Ayuntamiento de Barcelona advirtió en 2015 al ex alcalde Xavier Trias (CiU) de que el contrato de alquiler del Banco Expropiado con el que pretendía evitar que los okupas fueran desalojados por el propietario no cumplía con el interés público. El contrato de alquiler, revelado por EL PAÍS, especificaba que se firmaba para evitar conflictos posteriores a un desalojo y fijaba que, además de la cuota mensual, el Ayuntamiento se hacía cargo de todos los gastos —desde el IBI hasta la tasa de basuras— y daños que los okupas pudieran ocasionar. CiU tildó ayer de “interesada” y “parcial” la filtración del informe de la interventora y aportó un informe posterior que avalaba el alquiler al ser temporal.

El informe de la Intervención que desaconseja ese alquiler está fechado el 29 de enero de 2015, el mismo día que el Consistorio aprobó la justificación del gasto del contrato, que firmó con efectos al 1 de enero el entonces número dos del ayuntamiento, el concejal convergente Joaquim Forn.

CiU mantuvo ayer, tal y como afirmó Trias la semana pasada, la tramitación del expediente fue “impecable” y ajustada a la ley. Fuentes del partido explicaron que tras el informe desfavorable de la intervención conocido ayer hubo un segundo documento de los Servicios Jurídicos y de la Dirección de Patrimonio que le dieron respuesta y que la propia Intervención justificó finalmente el interés público del pago del alquiler.

La semana pasada, la víspera de que trascendiera el contrato de alquiler, la Fiscalía abrió una investigación a Trias para averiguar si cometió un delito de malversación por pagarlo con fondos públicos. El local pertenece a Antartic Vintatge, propiedad del empresario Manuel Bravo, y el alquiler ascendía a 5.500 euros mensuales.

El informe lo firma la interventora adjunta y desestima los argumentos favorables al alquiler que habían aportado la Secretaría Municipal y la Dirección de Patrimonio semanas antes, que concluían que la Carta Municipal de Barcelona prevé que el Ayuntamiento pueda promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos. En este texto previo se consideraba de interés pagar el alquiler por las actividades que se realizaban en el local y porque la dificultad de hablar con los okupas abocaba al desalojo y posteriores disturbios.

El contrato que acabó firmando Trias y que la actual alcaldesa, Ada Colau, decidió no prorrogar al finalizar el 31 de diciembre de 2015, fue polémico desde el inicio. Como reveló este diario, el gobierno de CiU lo firmó a escondidas, sin comunicarlo a los okupas y sin publicitarlo en enero de 2015. Había pasado medio año desde los disturbios de Can Vies y faltaban cinco meses para las elecciones municipales. Quien solicitó el pago del alquiler fue la entonces concejal de Gràcia, Maite Fandos, pero los técnicos del distrito “no avalaron el gasto” y “lo desaconsejaron”, según explican varias fuentes. Fue entonces cuando el asunto se elevó hasta la Dirección de Patrimonio, que depende de la gerencia de Economía y Presidencia y no del distrito. El gasto se autorizó sin que pasara por el pleno.