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Los funcionarios recuperarán en enero la jornada de 35 horas

El Gobierno andaluz se compromete a abonar en tres plazos hasta 2018 el 75% de la paga de 2012

Susana Díaz, con la consejera María Jesús Montero y los representantes sindicales.
Susana Díaz, con la consejera María Jesús Montero y los representantes sindicales.

Los funcionarios andaluces recuperarán en enero la jornada laboral de 35 horas semanales, tras la de 37,5 horas impuesta por el Gobierno central en 2012. Así se recoge en el calendario acordado este jueves por el Gobierno andaluz y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. Además, la Junta se compromete a abonar el 75% pendiente de la paga extra de 2012 en tres plazos hasta febrero de 2018. "Esta gran noticia afecta a 160.000 empleados públicos de la Junta que recuperan sus derechos y que va a generar empleo y reforzar servicios públicos", ha explicado la presidenta andaluza, Susana Díaz. El acuerdo se produce un mes después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios, adoptada por Castilla-La Mancha y, posteriormente, País Vasco.

El convenio firmado este jueves en el palacio de San Telmo también recoge la recuperación de días adicionales de vacaciones —dos ya este año y otros dos a partir de 2017—, la vuelta paulatina a las 18 horas lectivas semanales en educación —19 a partir de septiembre de 2017 y 18 desde septiembre de 2018— o la recuperación de las ayudas de acción social en 2019. De este modo, se da cumplimiento al compromiso adquirido el pasado mes de julio con el acuerdo para la defensa y mejora del empleo público en la Administración andaluza, que preveía el establecimiento de un calendario para la progresiva recuperación de derechos a lo largo de la legislatura.

Díaz ha señalado que la implantación de la jornada de 35 horas da respuesta a una reivindicación de los empleados públicos que permitirá "avanzar" en sus necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y asimismo contribuirá a "la creación de empleo" para garantizar que el funcionamiento de los servicios públicos no se vea afectados por la reducción del horario de los profesionales.

Una vez abonados en febrero los primeros 44 días correspondientes a la paga extra de diciembre de 2012, el acuerdo suscrito este jueves recoge la recuperación este mismo año de otros 48 días que serán percibidos en la nómina de octubre, mientras que las cantidades restantes serán efectivas en las nóminas de febrero de 2017 (46 días) y 2018 (45 días). El acuerdo se produce un día después de que el CSIF informara de que los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado había recibido en la nómina de mayo el 50% de la paga extra de Navidad de 2012 que aún estaba pendiente de devolución.

También desde este mismo año, se recuperan los días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados, de modo que a partir de los 15 años de antigüedad serán 23 días hábiles de vacaciones anuales, que se incrementarán en un día más a los 20, 25 y 30 años de trabajo, respectivamente. En 2016, el personal con derecho a estos días podrá disfrutar de dos días adicionales como máximo y, en 2017, se ampliarán hasta cuatro días. El acuerdo también prevé la restitución de la totalidad de las retribuciones económicas de los empleados públicos. A partir de 2018, se iniciará la recuperación del 10% de las retribuciones variables de la nómina asociadas a la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada o de carrera profesional, entre otros. La restitución se realizará en dos tramos, a razón de un 5% en el ejercicio de 2018 y el otro en 2019, en que la nómina quedará completada en todas las retribuciones.

La presidenta ha calificado de "gran noticia" y "magnífico acuerdo" el paso dado este jueves, con el que "se acaban las horas de Rajoy". "La Junta defiende que la recuperación económica se traduzca en que las personas recuperen los derechos sustraídos en el decreto de Mariano Rajoy en 2012 y ese fue mi compromiso en el discurso de investidura", ha apuntado Díaz.

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