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OPINIÓN

Iguales, pero menos

El gobierno de Rajoy ha recurrido el decreto de pobreza energética en aras a la igualdad entre los españoles, y en cambio hay otras desigualdades, como la de las tasas universitarias, que le traen sin cuidado

La extraordinaria sensibilidad social del gobierno de Mariano Rajoy volvió a quedar de manifiesto hace unas semanas cuando recurrió ante el Tribunal Constitucional una ley del Parlament de Cataluña aprobada por unanimidad como resultado de una Iniciativa Legislativa Popular que pretendía aportar soluciones al tremendo problema de los desahucios y de la pobreza energética. Una vez más, el gobierno en funciones amparó su actuación en la obligación de garantizar la igualdad entre todos los españoles. En la pobreza y el sufrimiento, cabe suponer.

En realidad, detrás del recurso se esconde tanto una cuestión de competencias como, y esto es lo más relevante, la defensa de los intereses de las compañías energéticas y de las grandes corporaciones (bancarias, mayormente) poseedoras de las viviendas vacías sobre las que la ley podría actuar para conformar un parque de viviendas de alquiler social. Que eso se pretenda hacer pasar por una actuación en defensa de la igualdad de los españoles es un sarcasmo que merecería un severo reproche electoral el próximo 26 de junio.

La cantinela de la igualdad es moneda corriente en las decisiones del gobierno para hacer frente a la actuación de los gobiernos autónomos que no son de su cuerda. Contra lo que por aquí se ha encargado de reiterar la asociación nacional de propagandistas, este último recurso ante el Constitucional no es un episodio más del interminable acoso del Estado contra los catalanes, sino de la guerra abierta de un gobierno reaccionario y al servicio de los poderosos contra las clases populares de toda España. Y es que recursos paralizantes del mismo tipo se han presentado contra leyes antidesahucios emanadas de otros parlamentos como el andaluz, el canario o el navarro, por ejemplo.

Es curioso, sin embargo, cómo otras flagrantes desigualdades entre los españoles al gobierno le traen sin cuidado. De hecho, no pocas veces él mismo se encarga de generarlas. Un ejemplo sangrante es el de las tasas universitarias, que en 2012 el ministro Wert permitió aumentar a las comunidades autónomas dentro de una amplia horquilla. Los diferentes gobiernos han hecho un uso muy variado de esa capacidad dando lugar a una aberrante desigualdad de los jóvenes españoles en su derecho al acceso a la enseñanza universitaria.

En Cataluña no hemos salido demasiado bien parados de esa experiencia. Hoy, la matrícula de los estudios de grado y máster en las universidades catalanas está entre las más caras de España y puede ser el doble (o más) que en otras comunidades autónomas. Muy significativamente, al gobierno del Partido Popular esta desigualdad le importa poco, ocupado como está con temas de tanta trascendencia social como la exhibición de esteladas en los campos de fútbol.

El precio de las matrículas universitarias venía aumentando en toda España por encima del IPC desde principios del nuevo milenio, pero con el conocido como decreto Wert su crecimiento se hizo exponencial. En aquel momento, el Gobierno catalán optó por situarse en la parte alta de la horquilla de precios, lo que supuso un aumento de las tasas del 66,7% en el curso 2012-2013. Y ahí seguimos.

El resultado ha sido la exclusión de la enseñanza universitaria de miles de jóvenes que no se pueden permitir pagar su coste. Según el Informe social 2014 de la Fundación Rafael Campalans, que toma sus cifras de las ofrecidas por la propia Generalitat, entre 2011 y 2014 la preinscripción universitaria descendió un 10,7%, mientras que la caída demográfica en la franja de edad de los jóvenes que inician sus estudios universitarios fue solo del 5%.

Cosas de la crisis, pensarán algunos. O de la asfixia financiera a la que nos somete el Estado español, dirán otros (muchas veces, los mismos). Algo hay de verdad en esas afirmaciones, sobre todo por la forma en que el gobierno central ha decidido trasladar a las comunidades autónomas la parte más dura del ajuste económico. Pero más cierto es, en mi opinión, que estamos ante una cuestión de prioridades y de modelo socio-económico y, en este caso, universitario.

Recientemente, el Parlament ha aprobado una moción que insta al Govern a bajar las tasas universitarias un 30% para el curso 2016-2017. Ahora no se trata de desobedecer (o no) al Tribunal Constitucional, sino de no hacerlo con nuestro propio parlamento. Si es que realmente nos lo tomamos en serio.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB.