Ciudadanos propone un Consejo de Transparencia independiente con capacidad sancionadora

Ciudadanos ha presentado este martes 268 enmiendas al proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación y Transparencia presentado por el PSOE en la Comunidad de Madrid. La propuesta fue aprobada en la Asamblea en abril para su tramitación parlamentaria, contexto en el que se enmarcan las alegaciones de la formación de Albert Rivera. El grupo que lidera en Madrid Ignacio Aguado propone que el Consejo de Transparencia con capacidad sancionadora que la norma pretende crear no dependa de la Comunidad, sino que sea independiente y tenga capacidad jurídica propia. Dicho consejo se encargaría de fiscalizar el cumplimiento de publicar la información. Además de al Gobierno regional, el ente obligaría a todos sus organismos, universidades y Ayuntamientos a adecuarse a la ley.

La nueva normativa, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2017, recogerá los contenidos que la Administración está obligada a hacer públicos a través del Portal de Transparencia. La página incluirá información (siempre que no se trate de datos personales protegidos) sobre altos cargos, normativa jurídica, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos generales, patrimonio e información estadística, entre otros. Uno de los objetivos de Ciudadanos con las enmiendas presentadas (y que ahora deberán ser estudiadas en la comisión que preside el consejero de Presidencia, Ángel Garrido), es garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, permitiendo el acceso a la documentación publicada en formato abierto y editable. 

Las enmiendas introducidas por Ciudadanos a la Ley de Transparencia están en la línea de lo defendido por las principales asociaciones especializadas en esta materia, así como con la regulación existente en Europa sobre transparencia y buen gobierno, sostienen desde la formación naranja.

Ciudadanos también aboga porque esta ley regule la relación entre los poderes públicos y los grupos de interés, de forma que se garantice una mayor transparencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, ya que otro de los puntos que prevé el proyecto de los socialistas trata de regular la actividad de los grupos de presión, los llamados lobbies. La propuesta inicial es hacerlo con la creación de un registro público de grupos de interés en el que se podrán inscribir, de forma obligatoria personas y organizaciones con capacidad para influir en la elaboración y las políticas públicas de la Administración regional.

Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las entidades privadas que perciban subvenciones públicas de más de 50.000 euros en un año, o el 30% o más de sus ingresos anuales, también estarán reguladas por esta nueva ley. La denegación de la información o su no contestación podrá recurrirse directamente ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Regiones sin Ley de Transparencia

La mayoría de las comunidades autónomas españolas ya disponen de normas propias sobre transparencia. Carecen de ella Asturias, Euskadi, Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria (se tramita en este momento) y Madrid. El parlamentario y senador socialista José Cepeda recordó en marzo, que Madrid era una de las regiones más castigadas por los escándalos de corrupción. Lo hizo después de que el Consejo de Gobierno que preside Cristina Cifuentes (PP) rechazara tramitar la Ley de Transparencia presentada por los socialistas en la Asamblea.

Para ello, argumentó que no existía una partida presupuestaria asignada a tal finalidad en las cuentas de 2016. Luego, fue la Mesa de la Asamblea, en la que están representados todos los grupos políticos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), quien recuperó el proyecto de ley para tramitarlo. No obstante, cuando rechazó la propuesta socialista, el equipo de Cifuentes ya preparaba su propia norma de Gobierno Abierto.