El PSOE pide reforzar las competencias de Madrid como una capital federal

Causapié evita las comparaciones con, por ejemplo, la capital de México o con Washington DC en Estados Unidos. En este último caso, su singularidad está recogida en la Constitución; alberga en su corona metropolitana, como Madrid, a seis millones de habitantes, además de las sedes parlamentaria, judicial y gubernamental, y no opera como un Estado sino que depende fundamentalmente del Congreso.

Madrid no se mira en ese espejo, al menos aún no, pero sí aspira, según el PSOE, a reforzar sus competencias por encima de las del resto de Ayuntamientos, a un nivel inferior a las autonomías, pero con capacidad de interlocución directa con estas y con el Gobierno.

Y, al mismo tiempo, aspira a tejer una red de acuerdos con los municipios de su entorno para construir un área metropolitana que gestione en común competencias ahora desperdigadas o en manos del Gobierno regional (medio ambiente, movilidad, tráfico, etcétera).

“No se trata de exigir privilegios”, explica el PSOE en su proposición, sino de reconocer que Madrid “es un municipio muy diferente de los demás del Estado y de la Comunidad”. Es capital autonómica y nacional, y “articula un área metropolitana de más de seis millones de habitantes”, añade. Por ello, pide para la ciudad “competencias propias y exclusivas” y “un nuevo régimen fiscal que garantice su pleno desarrollo y modernización al nivel de las grandes capitales europeas”.

Negociación con el resto de partidos

El PSOE está negociando con todos los partidos (PP, Ahora Madrid y Ciudadanos) para intentar aprobar la proposición por unanimidad. Ahora Madrid también abogó en su programa por reformar la Ley de Capitalidad, mejorar la financiación estatal y regional, y derogar los límites a sus competencias que fija la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

 El PSOE considera que la Ley de Capitalidad, aprobada hace 10 años, tiene “limitaciones que le han pedido cumplir sus fines”, y además no se ha desarrollado mediante una comisión entre las tres Administraciones pese a que la norma preveía crearla en el plazo máximo de seis meses.

Echa en falta además una norma de capitalidad regional, como tienen otras ciudades dentro de sus propias autonomías, “en la que se reconozca su singular especialidad”. Esa carencia provoca en su opinión “dificultades” en sus relaciones con la Comunidad y con el resto de municipios de la región.

Para remediar todo ello, la proposición socialista insta al Ayuntamiento a dirigirse al Gobierno y a la Comunidad de Madrid para constituir la citada comisión de la Ley de Capitalidad.

Además, apuesta por constituir un grupo de trabajo con partidos políticos y expertos para redactar una norma similar a nivel regional, al estilo de la carta municipal de Barcelona.

Su objetivo es blindar las competencias propias del Ayuntamiento y reconocer además aquellas que la Ley de Sostenibilidad —aprobada por el Gobierno (PP) en 2013— permite a las autonomías delegar en los Ayuntamientos. En esencia, las competencias locales son urbanismo y vivienda, medio ambiente, tráfico, policía y bomberos, información turística, salud pública, cementerios, promoción de la cultura y el deporte, recogida de basura, alumbrado, limpieza viaria, alcantarillado, bibliotecas y transporte público.

Pero el PSOE quiere “mantener” además las competencias que se consideran impropias dentro del marco normativo, pero que el Ayuntamiento lleva años desarrollando merced a su población (3,2 millones, más que Galicia, Castilla y León o País Vasco) y su presupuesto (4.488 millones, al nivel de Aragón, Navarra o Murcia). Entre ellas figuran, por ejemplo, los servicios de emergencia sanitaria, los museos y teatros, la atención a drogodependientes, la agencia para el empleo, la promoción turística, los centros educativos (escuelas infantiles, de música, etcétera) y la extensísima red de servicios sociales.

Mayor financiación

Además, el PSOE quiere que el Ayuntamiento asuma otras competencias que la Comunidad considere transferibles. Se ampara para ello en la Ley autonómica para el Desarrollo del Pacto Local, aprobada en 2003, que habilita al Gobierno regional para transferir o delegar competencias de consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, política de la mujer, urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo y vivienda.

La mayoría de estas ya la desarrolla, de forma propia o impropia, el Ayuntamiento, pero podría ser la vía para ahondar en materia de empleo, educación y sanidad, y para obtener la última palabra, por ejemplo, en el planeamiento urbanístico o la defensa del patrimonio histórico, que ahora pertenece a la Comunidad.

Para desarrollar este marco competencial, el Ayuntamiento debería participar de los tributos recaudados por la Comunidad de Madrid, además de mejorar su participación en la financiación del Estado.

El PSOE requirió en su programa para las elecciones municipales de 2015 “un canon para cubrir los costes de capitalidad, que compense a Madrid”, por los gastos que su condición conlleva. La Ley de Sostenibilidad prevé que las autonomías doten financieramente aquellas competencias que deleguen en los Ayuntamientos. Y el Gobierno (en manos del PP aunque ahora en funciones) ha prometido revisar la financiación local la próxima legislatura.