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En 2008, el mismo año en que Felipe Massa ganaba el Gran Premio de Fórmula 1 a los mandos de su Ferrari por las calles de Valencia, se inauguraba en la ciudad del Turia el colegio público 103.

Abrió sus puertas a pocos metros de la flamante Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero, a diferencia del faraónico complejo de Santiago Calatrava, el colegio 103 no tenía ni jardines colgantes, ni láminas de agua, ni estructuras anatómicas de vidrio y cemento blanco. Por no tener no tenía ni nombre, solo un número provisional, el 103. En realidad no eran más que un puñado de aulas prefabricadas y, quizá por eso, su inauguración pasó inadvertida entre los fastos de los grandes eventos de aquella Valencia de escaparate.

Ocho años después, del ruido de los motores de los coches de carreras solo queda el recuerdo, pero el colegio 103 continúa sin nombre definitivo y con más de 100 barracones que cada día alojan a unos 400 niños y niñas de entre 3 y 12 años.

La historia de este colegio no es única en Valencia. Al contrario, sirve de ejemplo. En la Comunidad Valenciana, 24 centros escolares, con más de 7.000 alumnos en total, imparten todas sus clases en barracones. Además, otros 139 centros (unos 64.000 niños) realizan algunas de sus actividades en aulas prefabricadas. Según la Consejería de Educación, el gobierno valenciano necesita invertir 483 millones de euros hasta 2019 para adecuar las infraestructuras educativas públicas después de años de abandono por parte de la administración.

“Cuando llegamos al gobierno en 2015, la situación era un desastre total”, asegura Miquel Soler. “Durante los años de crecimiento económico se abandonaron las instalaciones básicas”.

El nuevo Consell salido de las urnas en mayo de 2015 se marcó como una de sus prioridades suprimir las aulas prefabricadas. Para ello, durante esta legislatura el consejero Vicent Marzà y la Generalitat se han comprometido a construir 124 nuevos colegios e institutos (32 en Alicante, 32 en Castellón y 60 en Valencia) y adecuar otros 116 centros con deficiencias.

Baremo para las inversiones

Mientras los recursos son limitados, las necesidades son tantas y tan urgentes que la Consejería ha establecido una baremación para que las inversiones lleguen primero allí donde sean más necesarias.

La intervención prioritaria se reserva para los centros íntegramente compuestos por barracones o en aquellos donde más de la mitad de las instalaciones son provisionales. Dicha baremación es pública y puede ser consultada por cualquier persona para conferir transparencia a las inversiones y evitar el clientelismo. La puntuación toma en cuenta las necesidades de escolarización, el número de barracones y el estado de los trámites necesarios para poder ejecutar las obras.

Según el presidente autonómico, Ximo Puig, la inversión es importante aunque “austera”, ya que “equivale a la mitad de los sobrecostes de Ciegsa”, aquella empresa pública destinada a la construcción de centros que, según la Intervención General de la Generalitat, destinó 2.040 millones (393 millones en gastos financieros) a unas obras presupuestadas en 1.300. Por lo tanto, cientos de millones en sobrecostes que según la Generalitat suponen “una estafa institucionalizada que hubiera dado para construir 200 centros educativos”.

Ahora Ciegsa es investigada por los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y por la Fiscalía Anticorrupción, dentro del llamado caso Taula. “El mismo día que el presidente Puig presentaba el mapa de infraestructuras educativas me llamó la Guardia Civil porque estaban registrando Ciegsa", recuerda Miquel Soler. "Nos han dejado una herencia envenenada. Los padres y la comunidad educativa tienen motivos para desconfiar por la experiencia vivida".

Años de lucha

Raquel Lafarga es la presidenta del AMPA del colegio 103. Sus dos hijas de 6 y 9 años estudian en sus barracones. Cuenta que el gimnasio parece de juguete. Que cuando llueve, el agua entra a chorros en las aulas. Que llevan años exigiendo a la Generalitat unas instalaciones dignas. “Con los anteriores era un infierno. No nos cogían el teléfono ni respondían a nuestras cartas. Y luego te enteras de que alguien está haciendo dinero con los barracones donde tienen a nuestros hijos", explica.

La Generalitat se ha comprometido a iniciar las obras del nuevo colegio este mismo año. Raquel teme que la burocracia o algún problema de financiación dilate los trabajos, pero no pierde la esperanza: “Tenemos el compromiso de la consejería y actualmente la comunicación con la administración es fluida. Esperemos que no nos defrauden”.

Cuando el colegio 103 esté terminado, tendrán que elegirle un nombre. Se barajan varios, por ejemplo el de Pedro Cavadas o Joaquín Sorolla. Pero hay quien defiende que el número 103 se consolide como el nombre definitivo, como recuerdo del colegio que es ahora, un símbolo de lo que nunca debió ser