Detenido por prevaricación el teniente de alcalde de Viladecans
La Guardia Civil hace varios registros en Barcelona y Tarragona en el marco de una investigación del caso Inipro

Nuevo operativo de la Guardia Civil en el marco del caso Inipro, un asunto que arrancó como un episodio de supuesta prevaricación en el Ayuntamiento de Tarragona. Agentes de la Guardia Civil registraron ayer las dependencias del Ayuntamiento tarraconense y abrieron diligencias en los consistorios de Viladecans y Palau-solità i Plegamans. Cuatro personas fueron detenidas. Entre ellas Joaquín Guerrero, primer teniente de alcalde de Viladecans y Gustavo Cuadrado, que fue jefe del gabinete del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
El operativo se extendió también a dos sociedades mercantiles de Barcelona y Viladecans y en un despacho profesional de Reus. También se registraron algunos domicilios. La actuación fue bautizada como operación Amfiteatro y en ella la policía efectuó registros en la demarcación de Barcelona y en Tarragona. Según fuentes de la investigación, las cuatro personas detenidas están directamente relacionadas con los presuntos pagos fraudulentos que, desde la Administración pública, recibía Inipro, empresa estrechamente vinculada al Partido Socialista de Cataluña. La operación se encuentra bajo secreto de sumario por orden del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. Uno de los arrestados, Joaquín Guerrero, primer teniente de alcalde de Viladecans (Barcelona) permaneció en la Comandancia de Tarragona a la espera del resultado de los registros. Gustavo Cuadrado, que fue jefe del gabinete del alcalde de Tarragona, quedó en libertad horas más tarde con la obligación de presentarse ante el juez cuando lo requiera. Los otros dos detenidos fueron el director de Inipro, Ricard Campà y el consultor de Viladecans, Enrique Miró, que asistieron a los registros prcaticados por la Guardia Civil.
Según fuentes del Ayuntamiento de Viladecans, los agentes solicitaron “tres o cuatro expedientes”, además de requerir la presencia del primer teniente de alcalde, Joaquín Guerrero.El punto de partida del caso es el pago de 270.000 euros que Josep Fèlix Ballesteros mandó hacer a Inipro a pesar de que tenía hasta siete advertencias de los servicios técnicos municipales alertándolo de la irregularidad de la relación con Inipro. El juez investiga los detalles de la contratación de Inipro mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que el ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona Antonio Muñoz invitó a las empresas Inipro, Itinere y Gallets Associats.
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