Puigdemont anuncia una ley antidesahucios exprés para esquivar al Constitucional

“Tenemos el compromiso de dejar sin efectos prácticos la suspensión”, señaló Puigdemont tras el encuentro convocado de forma acelerada el viernes, tras conocer que el Consejo de Ministros había decidido recurrir la norma. La elaboración con urgencia de un nuevo marco legal era el primer punto que figuraba en la hoja de ruta elaborada por las entidades sociales convocadas al encuentro, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

La tramitación en lectura única permite que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno catalán pueda ser enviado directamente a la Junta de Portavoces del Parlamento y que, tras su publicación, pueda ser aprobada en el siguiente pleno que se celebre en la cámara. A la Generalitat le permitiría sacar réditos de los trabajos, pero continuaría a expensas del nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 26 de junio. El Ejecutivo catalán espera que sea menos hostil que el actual. Todos los partidos a excepción del PP se comprometieron a retirar el recurso sobre la ley antidesahucios si llegan a gobernar.

La redacción de la norma será revisada por una comisión compuesta por el Departamento de Gobernación, el Consejo de la Abogacía de Barcelona y los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular que dio origen a la ley recurrida (PAH y APE). El objetivo es “sustituir todo lo que ha quedado suspendido, recoger lo que esté en otras normativas y tener una herramienta que nos permita dar respuesta con argumentos jurídicos sólidos", explicó Puigdemont. EL impuesto a los pisos vacíos, por ejemplo, figura en una ley de 2007.

El encuentro tenía como objetivo “enviar el mensaje de que es un tema que nos incumbe a todos, que no se trata de un conflicto de partidos sino que deja en el medio a mucha gente afectada”, explicó el presidente. Tanto los alcaldes participantes como los miembros de las plataformas señalaron la necesidad de incluir medidas de presión a la banca y a los grandes tenedores de pisos para evitar que, una vez anulada la ley y sin otra que la releve, se pueda producir una oleada de desahucios en Cataluña, porque tienen un marco legislativo favorable.

Los alcaldes subrayaron la necesidad de contar con más recursos públicos y hicieron una llamada a los bancos para que “trabajen codo a codo con nosotros”, demandó Xavier Amor, de la Federación Catalana de Municipios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, remarcó que, pese al recurso del PP, “esta ley es como si estuviera plenamente vigente, porque la necesidad es plenamente vigente”.

Solo el Partido Popular rompió el consenso de los participantes en el encuentro. Lo hizo denunciando que hay municipios que tienen vivienda pública vacía y recordando que en otras comunidades se habían recurrido normas similares. Xavier García Albiol avisó además que la propuesta de Puigdemont “no tiene recorrido”.

Un año sin reuniones

Pese al frente común escenificado, en el encuentro no faltaron reproches. Desde la PAH, la APE y la Mesa del Tercer Sector afearon que la Generalitat no haya desarrollado reglamentos y convenios pendientes en los nueve meses en los que ha estado vigente la ley. O que no haya convocado desde finales de 2012 las mesas de Desahucios y de Pobreza Energética, que ahora se fusionarán. “Necesitamos medidas concretas y no grandes cumbres”, insistió Carles Macías, portavoz de la PAH, reclamando calendarios de ejecución.

Los artículos referentes a la pobreza energética no fueron recurridos por el PP. Por ello el llamamiento a su aplicación estuvo presente en la cumbre. María Campuzano, de la APE, apuntó la necesidad de implicar a las suministradoras para evitar cortes de suministros. La ley habla de ayudas “a fondo perdido” que la Generalitat no ha logrado concretar. “Hemos echado en falta al actor más importante”, subrayó Oriol Illa, de la Mesa del Tercer Sector, quien también reclamó un nuevo Plan nacional de Vivienda.